ARCA habilita un régimen especial para aliviar deudas del sector
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen de regularización de deudas destinado exclusivamente a prestadores de servicios vinculados a la discapacidad, en el marco de la Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida quedó oficializada a través de la Resolución General 5828/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca dar alivio financiero a un sector que arrastra fuertes tensiones económicas.
El plan permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con beneficios que contemplan la condonación de hasta el 100% de intereses y multas. El objetivo es despejar el horizonte financiero de instituciones, profesionales y entidades que prestan servicios a personas con discapacidad, para garantizar la continuidad de las prestaciones.
No obstante, el esquema excluye algunas obligaciones puntuales: no se podrán incluir deudas por aportes y contribuciones a Obras Sociales, cuotas de ART, aportes del régimen de Servicio Doméstico, Monotributo ni Seguro de Vida Obligatorio, entre otros conceptos expresamente establecidos en la norma.
Quiénes pueden acceder al nuevo régimen
Para ingresar al plan, los prestadores deberán estar alcanzados por la Ley N° 24.901, que regula las prestaciones básicas en materia de rehabilitación y asistencia integral para personas con discapacidad. Además, deberán figurar en la nómina que la Secretaría Nacional de Discapacidad remitirá a ARCA, paso clave para que el organismo pueda habilitar su inclusión.
Una vez incorporados, los contribuyentes serán identificados en los sistemas de ARCA mediante el código específico “640 – Emergencia Nacional en Discapacidad”, lo que les permitirá acceder a las opciones de regularización disponibles dentro del servicio digital correspondiente.
Plazos y beneficios de condonación
El plazo para adherirse al régimen se extenderá hasta el 17 de septiembre de 2026. Sin embargo, el nivel de perdón fiscal dependerá del momento en que se concrete la adhesión, lo que genera un incentivo para ingresar de manera temprana.
Esquema de condonación de intereses
- Hasta el 16 de junio de 2026: condonación del 100% de los intereses resarcitorios y punitorios generados.
- Desde el 17 de junio hasta el 17 de septiembre de 2026: condonación del 50% de esos intereses.
En todos los casos, el capital adeudado podrá ser incluido en planes de pago específicos, de acuerdo con los parámetros técnicos fijados por la Resolución 5828/2026.
Características de los planes de financiación
Los planes de facilidades de pago contemplan condiciones especiales para adecuarse a la realidad económica del sector. Entre las principales pautas técnicas se destacan los siguientes puntos:
- Cantidad máxima de cuotas: hasta 60 mensualidades, iguales y consecutivas.
- Monto mínimo de cada cuota: $50.000.
- Tasa de interés de financiación: equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente al momento de entrada en vigencia de la norma.
- Forma de pago: las cuotas se debitarán de manera directa los días 16 de cada mes, desde la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada por el contribuyente.
El régimen se enmarca en la Emergencia Nacional en Discapacidad y apunta a sostener la prestación de servicios esenciales a través de un alivio fiscal focalizado.
Trámite digital y requisitos de acceso
La adhesión al régimen se realizará de forma totalmente digital mediante el servicio “Mis Facilidades” de ARCA, seleccionando la opción “Ley N° 27.793 – Emergencia Nacional en Discapacidad”. Para completar el proceso será obligatorio contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido y con una CBU declarada para el débito automático de las cuotas.
Especialistas en materia tributaria señalan que, por la magnitud de las condonaciones y la extensión de los plazos, el plan representa una oportunidad relevante para que prestadores de discapacidad ordenen su situación fiscal y financieras, en un contexto de costos crecientes y demoras en los pagos por parte de financiadores.
Con este esquema, el Gobierno busca equilibrar la necesidad de recaudación con la sostenibilidad de un sistema de atención que resulta clave para miles de personas con discapacidad y sus familias en todo el país.
