El año cerró con solo 22 sesiones —la mitad especiales—, siete vetos presidenciales, cinco DNU rechazados y una oposición que marcó el pulso legislativo.
El Congreso terminó el 2025 con un balance legislativo considerado el más pobre de la última década. Hubo 22 sesiones, de las cuales 11 fueron especiales, y se aprobaron solo 11 leyes. El período estuvo marcado por la falta de consensos y por el uso intensivo de herramientas de control por parte de la oposición. El oficialismo, sin número propio ni margen de negociación, no logró imponer su agenda.
La mitad de las sesiones fueron especiales, lo que evidenció las dificultades para acordar temarios consensuados. Además, 2025 registró un récord inédito de emplazamientos a comisión: 20 en total, frente a un máximo histórico de tres en períodos anteriores. Este mecanismo fue empleado por la oposición para forzar tratamientos que el oficialismo evitaba habilitar.
Pocas leyes, muchos vetos y agenda opositoria
Entre las 11 leyes sancionadas se incluyeron tres acuerdos internacionales pendientes del gobierno anterior y ocho iniciativas impulsadas por la oposición. Se aprobaron la emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación de los ATN, el financiamiento universitario, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. Ningún proyecto oficialista fue convertido en ley.
De las normas aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres casos, el Congreso insistió y revirtió los vetos. La dinámica consolidó al Palacio Legislativo como un territorio opositor, con fuerte protagonismo en la definición de la agenda pública. A ello se sumó el rechazo de cinco decretos de necesidad y urgencia sobre un total de 33 emitidos durante el año.
La estrategia del oficialismo estuvo condicionada por su escasa representación. La Libertad Avanza no pudo consolidar un bloque homogéneo con los aliados electorales del balotaje de 2023. La fragmentación legislativa trabó reformas que interlocutores internacionales —incluidos el FMI y el gobierno de Donald Trump— reclamaban como parte de los compromisos asumidos.
Un nuevo Congreso con mayor margen para el Gobierno
La renovación parlamentaria de octubre redefinió el mapa político. En Diputados, La Libertad Avanza sumó 64 bancas y quedó como segunda minoría. Con el PRO y otros espacios, podría alcanzar hasta 93 escaños, suficientes para asegurar el tercio necesario para sostener vetos.
La oposición encabezada por Fuerza Patria obtuvo el 30,02% de los votos y retuvo 45 de las 46 bancas en juego. Provincias Unidas logró 7 escaños y el Frente de Izquierda tendrá 4 diputados.
En el Senado, donde se renovaron 8 provincias, el oficialismo ganó en 6 distritos y amplió su representación de 6 a 19 bancas. La oposición contará con 22 escaños, mientras que fuerzas provinciales sumaron 4. Ningún bloque alcanzó la mayoría propia de 37 senadores, por lo que los acuerdos con terceros espacios y gobernadores serán determinantes para la gobernabilidad.
Un cierre que anticipa un cambio de etapa
El año legislativo dejó expuestas tensiones políticas, falta de consensos y un uso intensivo de mecanismos institucionales para condicionar al oficialismo. Sin embargo, la nueva correlación de fuerzas abre un escenario en el que el Gobierno podría pasar de una postura defensiva a una más propositiva si logra articular alianzas estables.
