Un informe elaborado por el Ministerio de Salud describe la existencia de una “red de interconexión” entre Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., compañías que comparten domicilio legal en San Nicolás y cuyos directivos mantienen vínculos familiares directos. “El denominado ‘Grupo Belgrano 609’ exhibe una relación promiscua y directa que vulnera los pilares de la contratación pública”, sostiene el documento oficial. Allí se menciona que Evangelina García preside Artrobone y que su hijo, Martín Armella, encabeza Imnova, además de participar societariamente en la empresa de su madre. Para el Ministerio de Salud, ambas firmas manejaron 153 expedientes por $3042 millones.
De la redacción de EL NORTE
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Tras una auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ministerio de Salud elaboró un informe que contiene un universo de 505 expedientes, los cuales comprometen más de $18.368 millones, y sugiere denunciar los hallazgos como un “hecho nuevo” en la causa judicial que investiga presuntas maniobras de defraudación contra el Estado.
El informe consta en la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi por irregularidades y posibles delitos en la Andis en la que está imputado su extitular, Diego Spagnuolo.
La nota, firmada por la asesora médica María Celeste Díaz y dirigida a la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, sostiene que se detectaron “desvíos críticos y sobreprecios” en facturaciones presentadas por las firmas Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX Medical y Expo Trauma.
Según el informe, el mayor volumen de fondos quedó concentrado en pocas empresas: “Farma Salud S.R.L. representa la mayor participación con un monto superior a los $11.000 millones”, seguida por Ortopedia Bernat y el grupo vinculado Artrobone/Imnova, representado por los nicoleños Evangelina García y Gonçalo Armella.
La auditoría puso el foco en la relación entre distintas empresas proveedoras de insumos ortopédicos. El informe describe la existencia de una “red de interconexión” entre Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., compañías que comparten domicilio legal en San Nicolás de los Arroyos y cuyos directivos mantienen vínculos familiares directos.
“El denominado ‘Grupo Belgrano 609’ exhibe una relación promiscua y directa que vulnera los pilares de la contratación pública”, sostiene el documento. Allí se menciona que Evangelina Ileana García preside Artrobone y que su hijo, Martim Gonçalo Armella, encabeza Imnova y además participa societariamente en la empresa de su madre. Según el informe, ambas firmas manejan 153 expedientes por más de $3042 millones.
Los técnicos incluso hablaron de una posible “simulación de competencia”, al considerar que distintas firmas vinculadas entre sí habrían presentado presupuestos para dar “una falsa apariencia de legalidad” a los procesos de compra. “Este mecanismo anula la posibilidad de que el organismo acceda a valores competitivos”, advierte el escrito, que menciona expedientes por más de $7000 millones bajo esta modalidad.
Respecto de Imnova, el análisis señala casos de sillas posturales facturadas en $18 millones cuando el valor de mercado rondaría los $945.000.
El informe calculó allí un desvío del 1904%. También se detectaron sillas ultralivianas con sistema Tilt facturadas entre $19 y $21 millones, con diferencias superiores al 2000% respecto de alternativas nacionales.
El balance económico de la muestra auditada sobre Imnova arrojó un dato contundente: facturación total por $76 millones frente a un valor de referencia de apenas $5,6 millones, una diferencia de más de $70 millones.
Otras empresas
En el rubro ortopédico, las observaciones sobre Ortopedia Bernat también fueron muy severas. El documento afirma que la empresa “facturó equipos estándar a precios que duplican, triplican y hasta centuplican los valores de mercado”. Entre los ejemplos detallados aparece el caso de una factura por $12,15 millones que, según el informe, implicó un sobreprecio del 4239% frente al valor de referencia de mercado. También se detectaron desvíos superiores al 800% en distintos expedientes. El relevamiento enumera otros casos concretos: facturas de entre $17 y $19 millones por sillas y equipos ortopédicos cuyo valor de referencia nacional era sustancialmente menor.
La investigación también apunta contra BYMAX Medical. Allí se detectó un “sobreprecio consolidado” de $84,1 millones. Uno de los casos citados corresponde a una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones pese a que, según la auditoría, el mismo insumo no supera los $500.000 en el mercado nacional.
