Oposición cruza el DNU que habilita expulsar a extranjeros por ofensas
NewsITe
Referentes de diversos espacios políticos de la oposición cuestionaron con dureza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que habilita a prohibir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que profieran insultos u ofensas contra la Argentina o ultrajen los símbolos patrios. Los dirigentes advirtieron por posibles violaciones a la Constitución Nacional, afectación a la libertad de expresión y un uso “nacionalista y expulsivo” de la política migratoria.
El texto presidencial modifica la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causales de permanencia y expulsión vinculadas a supuestos “mensajes de odio”. De inmediato, figuras vinculadas tanto al peronismo como a la UCR, la Coalición Cívica y exfuncionarios del PRO salieron a marcar su rechazo, configurando un frente crítico transversal.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) señaló que el Presidente “se coloca por encima del Congreso” al avanzar por DNU sobre una ley de fondo y recordó que algunas de las conductas apuntadas por el Gobierno “ni siquiera tienen un tipo penal previsto en nuestro ordenamiento jurídico”. Para el legislador, la medida se inscribe en una lógica más vinculara al impacto mediático que a una política migratoria seria.
Cuestionamientos por libertad de expresión y contradicciones políticas
Desde Unión por la Patria, la diputada Florencia Carignano advirtió que, si todos los países aplicaran un criterio similar, Milei “no podría ingresar a varios” Estados, entre ellos Brasil, Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China o Venezuela, a raíz de los agravios que el propio mandatario profirió contra sus autoridades. A su entender, el Gobierno “hizo de los mensajes de odio una política de Estado” y ahora pretende perseguir a extranjeros por expresarse.
La ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de Alberto Fernández, Vilma Ibarra, recordó que Milei suscribió este nuevo DNU —identificado como 681/2026— pese a haber tildado al papa Francisco de “representante del maligno en la Tierra” y de “imbécil”, al exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador de “asesino terrorista”, al presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva de “basura socialista y ladrón” y al exjefe de Estado colombiano Gustavo Petro de “comunista asesino”. Para Ibarra, esa trayectoria discursiva vuelve “particularmente contradictorio” que ahora se busque sancionar a terceros por agravios.
En la misma línea, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic planteó interrogantes sobre “cómo y quién realizará el análisis y la distinción” entre un discurso de odio y una manifestación legítima de crítica política, ideológica, académica o ciudadana. Subrayó que el propio decreto, al intentar acotar los “mensajes de odio”, abre un margen de discrecionalidad que podría derivar en arbitrariedades y censura indirecta.
Preocupación institucional y pedido de debate en el Congreso
El ex senador nacional por el PRO y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, también expresó su preocupación. Desde una perspectiva liberal, ironizó que un presidente que se definía como “el faro de la libertad de Occidente” impulse un decreto “para echar o no permitir la entrada al país de personas por sus opiniones en contra de la Argentina”. Calificó la medida como “la estupidez más grande del 2026” y reclamó una discusión seria sobre los límites entre ofensa y delito.
El titular de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, por su parte, definió al DNU como “inconstitucional” y reclamó que el Congreso de la Nación “debe rechazarlo expresamente”. Recordó que Argentina “se hizo grande cuando abrió sus brazos” a las sucesivas oleadas de inmigrantes que llegaron a trabajar y desarrollar el país, y sostuvo que la verdadera defensa de la soberanía radica en “respetar la Constitución Nacional y las instituciones republicanas”.
“La soberanía se defiende respetando la Constitución Nacional y garantizando la libertad de expresión, no expulsando extranjeros por sus opiniones”, fue el mensaje que se repitió en distintos bloques opositores.
Mientras el oficialismo reivindica el DNU como una herramienta para enfrentar supuestos “agravios” a la Nación, el debate ya se trasladó al Congreso y al ámbito judicial, donde se esperan presentaciones para impugnar la norma. En los próximos días se definirá si la iniciativa se consolida como política de Estado o si queda bloqueada por la presión parlamentaria y los cuestionamientos constitucionales.
