Ámbito Financiero lleva a la Justicia el cierre de acceso a la prensa.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los medios sumó un capítulo clave con la presentación de un amparo judicial por parte de Ámbito Financiero para que sus periodistas acreditadas puedan volver a ingresar a la Casa Rosada. La demanda apunta contra el Estado Nacional y cuestiona el cierre generalizado del acceso a la prensa dispuesto por el Poder Ejecutivo.
La acción, impulsada por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., busca restituir el trabajo de las cronistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, históricas acreditadas en la sede presidencial. El planteo incluye un pedido de medida cautelar innovativa para que la Justicia ordene, de manera urgente, levantar el bloqueo mientras se analiza el fondo del reclamo.
Según el escrito, la decisión oficial vulnera garantías constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a fuentes públicas. El reclamo subraya que la Casa Rosada es un ámbito central para la cobertura del Poder Ejecutivo y que impedir el ingreso de la prensa impacta directamente en el derecho de la sociedad a estar informada sobre los actos de gobierno.
El origen del conflicto y el argumento oficial
El cierre del acceso se produjo el día previo a la presentación judicial, cuando el Gobierno dio de baja la huella digital y las credenciales de ingreso de todos los periodistas acreditados. La medida, ejecutada sin aviso previo por la Casa Militar –área encargada de la seguridad presidencial–, paralizó la sala de prensa y dejó afuera a cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos que trabajan cotidianamente en Balcarce 50.
Desde el Ejecutivo, la decisión fue justificada como una acción preventiva en el marco de una denuncia penal por presunto espionaje ilegal. El foco de la causa está en periodistas de la señal Todo Noticias (TN) que habrían registrado imágenes de sectores comunes del edificio con lentes inteligentes, sin autorización. A partir de ese episodio, el Gobierno optó por aplicar una restricción general a toda la prensa acreditada mientras se realizan verificaciones internas de seguridad.
Libertad de expresión, proporcionalidad y contexto político
Para Ámbito Financiero, esa generalización del castigo es uno de los puntos más controvertidos. El medio sostiene que, aun cuando existiera una conducta irregular individual –tema que se encuentra bajo investigación judicial–, no resulta razonable ni proporcionado extender la sanción a periodistas y empresas que no están involucradas en la denuncia. El amparo remarca la ausencia de una orden judicial que respalde una restricción de semejante alcance.
El caso se inscribe en un clima de creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y la prensa, marcado por cuestionamientos públicos a medios y periodistas, revocación de acreditaciones y acusaciones cruzadas de operaciones políticas. Diversas entidades de prensa y sindicatos del sector advirtieron que el cierre de la Casa Rosada constituye un antecedente inédito en democracia y afecta el estándar de transparencia institucional.
La figura de Liliana Franco, con más de tres décadas de cobertura en la sede gubernamental, le suma un componente simbólico al reclamo, al igual que el rol histórico de Ámbito Financiero en el seguimiento de la agenda política y económica nacional.
Qué definirá la Justicia y posibles escenarios
En paralelo al amparo de Ámbito, otros sectores del periodismo analizan acciones colectivas y presentaciones similares. Diputados de la oposición reclamaron informes al Poder Ejecutivo y evalúan activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para abordar el tema de manera institucional.
Mientras tanto, en el Gobierno insisten en que se trata de una medida transitoria ligada exclusivamente a la seguridad y niegan que exista un objetivo de censura o un sesgo político contra determinados medios. Sin embargo, hasta ahora no se comunicó un cronograma ni un mecanismo claro para la normalización del acceso, lo que alienta la judicialización del conflicto.
La definición del juzgado será observada de cerca por medios, organizaciones profesionales y actores políticos, en un escenario marcado por la polarización y el debate permanente sobre los límites del poder estatal frente al trabajo periodístico.
