Amnistía Internacional cuestiona el trato de Milei hacia el periodismo
Amnistía Internacional Argentina advirtió que los ataques verbales del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación configuran un patrón “sistemático” que excede el “estilo” personal y afecta directamente la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad. La directora ejecutiva de la organización en el país, Mariela Belski, sostuvo que el objetivo de estos insultos y descalificaciones es “acallar y generar autocensura” en la prensa.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Belski remarcó que los cuestionamientos presidenciales no se limitan a exabruptos en redes sociales o conferencias, sino que se combinan con decisiones institucionales que restringen el acceso a la información pública. Entre esos hechos mencionó nuevas reglas de acreditación y sanciones en Casa Rosada, limitaciones a la presencia de periodistas en determinados actos oficiales y cierres puntuales de la sala de prensa en momentos sensibles.
La referente de Amnistía subrayó que cuando el jefe de Estado insulta o acusa de “golpistas”, “mentirosos” o “desinformadores” a periodistas, el mensaje trasciende a las personas directamente aludidas y se extiende sobre toda la profesión. Ese clima, explicó, instala la idea de que “preguntar tiene costo” y promueve la autocensura por temor a represalias políticas, mediáticas o incluso judiciales.
Demandas judiciales y efecto amedrentador
Belski hizo foco en un aspecto que considera especialmente grave: las demandas judiciales iniciadas por Milei contra periodistas. Recordó que, según los estándares internacionales, este tipo de acciones se inscribe dentro de las denominadas SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), litigios estratégicos orientados a desalentar la participación pública mediante el impacto intimidatorio de la Justicia.
La directora de Amnistía destacó que es la primera vez en la historia argentina que un presidente demanda directamente a periodistas por sus investigaciones u opiniones, como ocurrió con Carlos Pagni y Ari Lijalad. Aunque varias de esas denuncias fueron desestimadas por los tribunales, remarcó que el solo inicio de las causas ya produce un efecto disciplinador sobre la prensa y sobre organizaciones críticas del Gobierno.
Además, señaló que sectores cercanos al oficialismo amplifican los ataques del Presidente mediante redes sociales, generando campañas de hostigamiento digital que refuerzan el mensaje de advertencia hacia periodistas, opositores y defensores de derechos humanos.
Comparaciones históricas y contexto regional
Consultada sobre las comparaciones con el kirchnerismo, Belski rechazó la idea de que la actual situación sea “menos grave” que la de gobiernos anteriores. Reconoció que durante aquellas gestiones hubo denuncias de presiones sobre medios y restricciones indirectas, pero remarcó que no se registraron demandas penales directas del Poder Ejecutivo contra periodistas, como sí sucede ahora.
En el plano internacional, Amnistía recordó que Argentina cayó en los ránkings de libertad de prensa, aunque continúa lejos de los escenarios más críticos de la región, donde las agresiones físicas e incluso los asesinatos de comunicadores son frecuentes. Sin embargo, la organización consideró lo suficientemente preocupante el contexto local como para presentar un informe específico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre violencia y violaciones a la libertad de expresión en el país.
Belski también vinculó el estilo confrontativo de Milei con una tendencia global que tiene como referentes a Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros líderes que construyen poder a partir de discursos agresivos hacia la prensa y sectores críticos. Según su análisis, el Presidente mantiene ese tono porque le resulta funcional para consolidar a su núcleo duro de apoyo y disputar a los sectores indecisos, aun a costa de tensionar las garantías democráticas básicas.
“La libertad de prensa no es una cuestión de modales, sino una condición de la democracia. Si el periodismo no puede investigar sin miedo, toda la sociedad pierde acceso a la información”, advirtió Belski.
Amnistía Internacional insistió en que el respeto a la libertad de expresión no implica ausencia de crítica hacia la prensa, sino la obligación de que cualquier respuesta estatal sea proporcional, basada en datos verificables y sin utilización del aparato institucional o judicial para intimidar. La organización seguirá documentando episodios y elevando informes a organismos internacionales mientras persista el actual clima de confrontación con el periodismo.
