Amnistía Internacional denuncia graves retrocesos en derechos sexuales
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En el Día Internacional de las Mujeres, Amnistía Internacional advirtió sobre un escenario de fuerte retroceso en las políticas públicas de género en la Argentina. La organización apuntó especialmente al desmantelamiento de programas clave de salud sexual y reproductiva, lo que –según alertó– pone en riesgo la vida y la salud de mujeres, adolescentes y personas gestantes en todo el país.
De acuerdo con la entidad, desde 2023 el gobierno nacional dejó de adquirir y distribuir insumos esenciales para garantizar el acceso efectivo al aborto legal, seguro y gratuito, derecho consagrado por ley desde fines de 2020. Esta interrupción en la provisión de medicamentos e insumos profundiza las desigualdades entre jurisdicciones y deja a muchas personas sin alternativas en el sistema público.
Amnistía también señaló una caída “drástica” en la entrega de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo. Entre 2023 y 2024, la distribución de estos insumos se redujo un 81%, lo que incrementa el riesgo de embarazos no intencionales y vulnera la autonomía reproductiva, especialmente de quienes dependen del sistema de salud estatal.
La organización remarcó que en 2025 el Estado nacional no distribuyó preservativos, en un contexto preocupante por el aumento de infecciones de transmisión sexual. La sífilis, puntualizaron, alcanzó niveles récord en los últimos años, por lo que la falta de preservativos y de campañas sostenidas de prevención agrava un problema sanitario ya instalado.
Impacto en adolescentes y aumento de la mortalidad materna
Otro de los puntos críticos señalados por Amnistía Internacional fue el desfinanciamiento del Plan Nacional ENIA (Embarazo no Intencional en la Adolescencia). Este programa interministerial había permitido reducir en un 50% la tasa específica de embarazo adolescente entre 2018 y 2023, a través de acciones coordinadas de educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos y acompañamiento territorial.
Según la entidad, el debilitamiento de las políticas de información y prevención, sumado a los recortes en salud sexual y reproductiva, se da en un contexto en el que la razón de mortalidad materna aumentó un 37% respecto de 2023. Este dato enciende nuevas alarmas sobre las consecuencias de las restricciones en el acceso a servicios esenciales para la salud de las mujeres y personas gestantes.
- Falta de compra y distribución de insumos para garantizar el aborto legal.
- Caída del 81% en la entrega de anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo.
- Ausencia de distribución estatal de preservativos en 2025.
- Desfinanciamiento del Plan Nacional ENIA y retrocesos en la prevención del embarazo adolescente.
“El Estado no solo incumple su obligación de garantizar el derecho al aborto; también se desentiende de implementar políticas de información, prevención y educación en salud sexual y reproductiva, poniendo en riesgo la autonomía, la salud y, en muchos casos, la vida de niñas, adolescentes y mujeres”, advirtió Amnistía Internacional.
La organización instó a las autoridades nacionales a restituir de manera urgente el financiamiento de los programas de salud sexual y reproductiva, fortalecer las campañas de prevención y garantizar el acceso equitativo a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal del embarazo en todo el territorio. En el marco del 8M, el reclamo se suma a las demandas del movimiento de mujeres y diversidades por la plena vigencia de los derechos conquistados y la protección de las políticas públicas de género.
