En el último tiempo, la brigada antiexplosivos de San Nicolás, debió asistir a la vecina localidad de San Pedro debido a reiteradas amenazas de bomba en escuelas. ¿Cómo funciona el protocolo que deben implementar y qué penas les atañe a quienes realizan una falsa denuncia?
De la Redacción de El Norte
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Hace tres días, escuelas de la vecina localidad de San Pedro se vieron afectadas por amenazas de bomba. En esta oportunidad, se repitieron las denuncias al 911 en la Escuela Normal, en el Colegio San Francisco y el Instituto Nuestra Señora del Socorro. Los mensajes no incomodan por sus características, sino por todo lo que generan en un determinado momento del día cuando comienzan a recibirse.
En el lapso de una hora y media, los tres establecimientos solicitaron la inmediata intervención de la brigada antiexplosivos de San Nicolás. Esto obedece a que, al tener la base en nuestra ciudad, los efectivos deben concurrir a todas las localidades inmersas en la Superintendencia del Interior Norte 2.
Existe un factor que es el que hoy preocupa más y es la evacuación de todos los edificios donde en su mayoría concurren alumnos de las tres ramas educativas: inicial, primaria y secundaria. Y a la vez tener que trasladarlos a espacios abiertos como las plazas más cercanas. Eso genera que en cuestión de segundos, miles de personas deban retirar a sus hijos provocando un importante trastorno vehicular en la zona céntrica, haciendo salir de sus trabajos a los padres y la enorme preocupación que les genera el no saber cómo están sus hijos hasta tanto llegan al lugar.
Este particular caso que se dió en San Pedro, tuvo un primer capítulo hace un mes atrás. En aquel entonces, llegaron varios e-mails anunciando la supuesta presencia de material explosivo en diferentes instituciones educativas. Es por ello que, en esta ocasión, intervino la Justicia Federal para tomar cartas en el asunto.
El protocolo
Los protocolos que deben realizar inmediatamente está hecha la denuncia de una supuesta bomba o algún material explosivo, conllevan una serie de pasos. En primera instancia, la evacuación completa del lugar hacia lugares abiertos. En el caso de las escuelas, llevar a los alumnos y todo el personal a una plaza o parque cercano.
Luego de ello, se debe proceder a la revisión completa del lugar. En una resolución provincial, la N°1.581, se estableció el Protocolo General de Intervención para las Policías de la provincia de Buenos Aires ante contingencias con explosivos. Allí, entre otras importantes cuestiones, resalta que la brigada debe contar con el croquis o planos del establecimiento a revisar. Es para que no quede ningún área sin ser recorrida por los expertos y así evitar accidentes.
En la página oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se detalla que “la ejecución de los servicios técnicos operativos específicos, relacionados con la búsqueda y hallazgo, transporte, análisis y neutralización de sustancias explosivas, como así también en la desactivación de artefactos explosivos. Asimismo, esta Dirección lleva a cabo las tareas de investigación de acuerdo a las pautas legales establecidas, manteniendo una constante comunicación y estrecha relación con organismos públicos, Fuerzas armadas y Policiales, a los efectos de intercambiar información técnica específica, con las funciones de investigación y neutralización”.
Además, agrega que “tiene por misión intervenir en la prestación de servicios técnico-periciales específicos del área y reunir toda información que permita conocer nuevas técnicas y modalidades delictivas en materia de explosivos. Intervendrá en la recopilación y procesamiento de toda información referida a materiales y artefactos explosivos y/o incendiarios tendiente a establecer la capacidad técnico – científica, modus operandi, metodología, sistemas, etc. derivados del accionar delictivo con el objeto de anular sus efectos en el campo preventivo Realiza el estudio de los hechos producidos con materiales o artefactos explosivos y/o incendiarios o simulados, adoptando las medidas tendientes a producir el análisis de los elementos secuestrados y elaborar el correspondiente informe técnico – pericial”.
Según explicaron fuentes policiales a EL NORTE, para resumir la ardua labor que realizan estos especialistas, “la brigada tiene un tiempo de acción que es fundamental a la hora de desactivar los posibles explosivos que se encuentren. La búsqueda y contención del lugar se debe hacer inmediatamente se llegue al destino”.
Las penas
Desde ya, cada denuncia de amenaza de bomba o material explosivo está penado por la Ley Argentina. La Fiscalía General, por medio de su blog en el año 2017, informó sobre los problemas en que pueden meterse aquellos que hagan llamadas sobre falsas amenazas de bomba a establecimientos escolares.
Cada amenaza de “bomba” constituye un delito penal denominado “intimidación pública” prevista en el artículo 211 del Código Penal con una pena que va de 2 a 6 años de prisión. “En cada una de estas ocasiones, se da intervención a las fuerzas policiales y a la justicia penal, iniciándose las correspondientes investigaciones tendientes a establecer la identidad del autor del hecho. Cabe señalar que varias de estas investigaciones iniciadas en los últimos días se encuentran avanzadas y en los días subsiguientes se adoptarán las diligencias procesales correspondientes, entre ellas, el procesamiento de las personas que resulten identificadas e imputables”, informa la Fiscalía General en la publicación. Al respecto, agrega que “para procurar evitar estos hechos delictivos de los que podrían resultar involucrados penalmente los menores que realicen actos de esta naturaleza se solicita la colaboración de la población adulta y de los padres en particular”.