La Justicia Federal de Paraná ordenó la inspección de un campo situado en un área protegida del Delta del Paraná, en jurisdicción del Departamento Gualeguay, zona de islas Las lechiguanas. En el lugar se encontraron cinco mil hectáreas sembradas ilegalmente con maíz.
El operativo fue realizado por personal de Prefectura Naval, que además identificó máquinas cosechadoras y silobolsas que darían cuenta de la intromisión en un sector que no puede alterarse, de acuerdo a un amparo ambiental vigente de resguardo de ese humedal.
Denuncia de organizaciones ambientales
La acción se llevó adelante en el marco de una causa abierta por dos organizaciones ambientales. Dentro de la demanda civil ahora se espera la condena al empresario responsable para la recomposición del ambiente que se encuentra alterado con terraplenes, explicó el letrado de la ONG Cuenca del Río Paraná. En lo penal, es querellante la Unidad de Investigaciones Financieras, consignó el portal Era Verde.
Tras la denuncia de organizaciones Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) y Cuenca del Río Paraná, se conoció que el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, dispuso el jueves el allanamiento de aproximadamente cinco mil hectáreas de islas que explota la empresa Mapuche SRL y se encuentran en el Departamento Gualeguay, frente a la localidad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires.
Atentado al valor ambiental
Los campos que están siendo utilizados para la agricultura y la ganadería, son propiedad de los empresarios Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, que ya han sido cuestionados por el tráfico de agrotóxicos hacia ese sector protegido ambientalmente.
Fabián Maggi, del equipo legal de Cuenca del Río Paraná, explicó que en las cinco mil hectáreas se encuentran “terraplenes y otras obras hidráulicas, como canalizaciones y depresiones en el terreno. Es una zona de mucho valor ambiental, a punto que era una zona de estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Estaba siendo monitoreada desde hace varios años y ahora fue destruida por estos empresarios que justamente decidieron hacer una explotación agrícola ganadera”, apuntó.
Críticas al juez interviniente
De acuerdo a lo que trascendió, durante la inspección a cargo de la Prefectura Naval Argentina, se constató la presencia de silo bolsas con maíz recién cosechado y otros tipos de contenedores con ese grano. También se tomó declaración testimonial al puestero del lugar que confirmó que habían ingresado maquinarias para levantar la cosecha, en embarcaciones que fueron identificadas. En efecto, unas de las pruebas aportadas por las entidades ambientales fue el registro del cruce en barcazas de vehículos agrícolas con tal fin.
Con este registro se logró evidenciar la violación de una medida cautelar dictada en diciembre del año pasado por el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien dictaminó específicamente para Las Lechiguanas la “prohibición absoluta” de ingreso y uso de maquinarias, de aplicación de agrotóxicos, movimiento de suelos, entre otras actividades perjudiciales para la conservación de esa área de humedales.
Al conocerse la medida, las organizaciones criticaron el accionar del juez y sostuvieron que “actuó sólo, sin comunicarle al fiscal y a las organizaciones denunciantes; y comisionó a la Prefectura para que allane el predio de islas que en primera instancia no pudo controlar ya que las máquinas ingresaron a pesar de la prohibición”.
En esa línea, remarcaron que “si bien el juez confirmó que la cautelar fue violada, lo hace después que el maíz fue levantado y vendido. La demora en el accionar del juez permitió la explotación del lugar y no logró evitar que se dañe el ambiente”, reprocharon.