Más de mil familias exigen que se cumpla la ley de cobertura total
NewsITe
Cada año, miles de familias argentinas atraviesan un camino complejo a partir del diagnóstico de alergia alimentaria en sus bebés. Irritación, llanto persistente, problemas digestivos y visitas reiteradas a guardias y consultorios se combinan con estudios, cambios en la dieta y un fuerte impacto emocional y económico en el hogar.
Entre las alergias alimentarias, la alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) es la más frecuente en lactantes: se estima que afecta entre el 2% y el 5% de los menores de un año. El tratamiento implica eliminar por completo la proteína de leche de vaca de la alimentación del niño y, en caso de lactancia, también de la dieta de la madre. Cuando el cuadro lo requiere, los médicos pueden indicar fórmulas especiales o leches medicamentosas, diseñadas para garantizar el aporte nutricional adecuado.
A pesar de que la legislación nacional establece desde hace una década la cobertura integral de estas leches, acceder al tratamiento suele convertirse en una carrera de obstáculos. De acuerdo con datos de la Asociación Leches Medicamentosas, solo durante 2025 la entidad intervino en más de 800 reclamos administrativos ante obras sociales y prepagas, y debió impulsar 220 acciones judiciales para que niñas y niños con indicación médica expresa recibieran las fórmulas que necesitan para crecer y desarrollarse en forma adecuada.
Una ley vigente, pero con trabas en la práctica
La Ley 27.305, sancionada hace diez años, garantiza en la Argentina la cobertura al 100% de las leches medicamentosas para pacientes con APLV y otras patologías específicas. Sin embargo, una investigación nacional reciente revela que el principal problema ya no es el reconocimiento formal del derecho, sino su cumplimiento efectivo y en tiempo oportuno por parte de los sistemas de salud.
El relevamiento, realizado por la consultora Ipsos, incluyó a unos 150 profesionales de la salud —pediatras, gastroenterólogos y alergistas— y a 166 cuidadores (madres y padres) de distintas regiones del país: AMBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, La Plata y otras ciudades bonaerenses.
Datos clave sobre el acceso a tratamientos para APLV
- Casi la mitad de las familias (47%) necesitó múltiples consultas en pediatría y guardia antes de llegar al diagnóstico de APLV.
- Un 34% no accede a una cobertura integral: un 19% directamente no recibe cobertura; un 10% obtiene menos unidades de las indicadas; un 4% tiene una cobertura parcial del costo; y un 1% consigue un reintegro incompleto y solo sobre parte de lo prescripto.
- El 80% de los médicos afirma conocer la Ley 27.305, mientras que el 20% restante aún la desconoce.
- Entre quienes conocen la norma, creció del 38% al 49% el porcentaje de profesionales que considera que la ley facilita la prescripción de las fórmulas especiales.
- La burocracia continúa siendo la principal barrera: trámites extensos, pedidos de documentación reiterada y demoras que incluso terminan modificando la conducta médica.
- Las familias pueden esperar hasta 30 días entre la aprobación del tratamiento y la entrega efectiva de las leches.
- Crece el número de cuidadores que no acepta la primera negativa y presenta reclamos formales, administrativos y judiciales.
“Ningún bebé debería depender de un abogado”
La realidad que describen los datos se refleja a diario en los testimonios de familias que recurren a la Asociación Leches Medicamentosas. Su secretario general, el abogado Leandro Desplats, advierte que el acceso a la alimentación indicada por el pediatra no debería convertirse en una batalla legal.
“Ningún bebé debería depender de un abogado para acceder a la alimentación que necesita por indicación médica. Sin embargo, esa sigue siendo la realidad de miles de familias”, señaló Desplats.
El letrado acompaña y asesora de forma gratuita a madres y padres que enfrentan obstáculos para acceder a las fórmulas cubiertas. Su propia experiencia personal, tras el nacimiento de su hija, lo llevó a impulsar la creación de la asociación para defender el derecho de otras familias a que se cumpla lo que la ley establece.
Para Desplats, el consenso ya está instalado tanto entre profesionales como entre cuidadores respecto de la importancia de la Ley 27.305. El desafío pendiente, sostiene, es que esa convicción se traduzca en acceso real y oportuno: cada día de demora para un bebé con APLV implica dolor, posibles complicaciones y un impacto directo en su crecimiento y desarrollo.
Mientras la burocracia siga retrasando tratamientos que están garantizados por norma, las familias continuarán recurriendo a reclamos y judicializaciones para hacer valer derechos básicos. La discusión, advierten desde la entidad, ya no es si corresponde la cobertura, sino cuánto tiempo más se tolerarán las demoras en cumplirla.
