Crecen las quiebras y concursos de pequeñas y medianas empresas
NewsITe
Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, más de 24.000 pequeñas y medianas empresas bajaron sus persianas en la Argentina. El dato, que surge de un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), revela la profundidad de la crisis del sector productivo y su correlato directo en el aumento de los procesos judiciales por concursos preventivos y quiebras.
Según el documento, el cierre de 24.437 pymes dejó a 327.813 trabajadores fuera de la cobertura del sistema de riesgos del trabajo, un indicador que grafica la magnitud del impacto laboral y social. La combinación de caída del consumo, retracción de la producción y ruptura de la cadena de pagos viene deteriorando de manera sostenida la capacidad de las firmas para sostener su capital de trabajo y cumplir con sus obligaciones.
La radiografía fue presentada por el abogado Germán Alberto Pizzano, integrante del Departamento Legal del IPA, quien advirtió que la crisis ya traspasó las paredes de las fábricas y comercios para instalarse de lleno en los tribunales comerciales. “La crisis PyME ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”, señaló.
Más concursos, más empresas al borde de la quiebra
Las estadísticas incluidas en el informe muestran un salto significativo en los pedidos de concursos preventivos. En 2023 se registraron 82 procesos, mientras que en 2025 la cifra trepó a 190, lo que representa un incremento del 131,71%. Lejos de moderarse, la tendencia se aceleró en el inicio de 2026: solo en el primer trimestre judicial se abrieron 92 concursos.
Para Pizzano, este fenómeno revela que “muchas empresas están entrando en una situación de impotencia patrimonial”, es decir, en un punto en el que ya no logran hacer frente a sus deudas con los recursos disponibles. El cierre definitivo de una unidad productiva, advierte el informe, genera daños estructurales que exceden el plano financiero e impactan en el tejido productivo y social de cada región.
“La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor”, remarcó Pizzano al presentar el trabajo del Observatorio IPA.
Reclamo por una ley de emergencia para sostener al entramado PyME
Frente a este escenario, el IPA propone que el Congreso Nacional sancione una legislación de emergencia económica y productiva específica para pymes. El objetivo central sería dar aire a las empresas en dificultades y evitar que los problemas de liquidez terminen en cierres masivos y quiebras irreversibles.
Entre las medidas sugeridas se mencionan la suspensión temporaria de ejecuciones judiciales, la facilitación de acuerdos preventivos con acreedores, la extensión de los plazos concursales y la creación de herramientas que permitan recomponer el capital de trabajo. Se trata, subrayan desde la entidad, de instrumentos transitorios y focalizados, no de una reforma estructural permanente del sistema concursal.
Pizzano insistió en que “se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”. Para que cualquier esquema de auxilio resulte efectivo, el informe también plantea la necesidad de reactivar el mercado interno y mejorar el acceso al crédito productivo, dos condiciones que considera esenciales para preservar el empleo y el capital nacional.
El documento concluye con un llamado al Congreso: de la velocidad y el alcance de la respuesta legislativa dependerá, según el IPA, la supervivencia de miles de compañías en todo el país y la posibilidad de recomponer el entramado pyme como pilar del desarrollo económico argentino.
