Superávit y alivio inflacionario con fuerte costo social
NewsITe
Mientras el Gobierno nacional destaca la baja de la inflación y la obtención de superávit fiscal como señales de ordenamiento después de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, en la economía real se profundiza una grieta silenciosa: quiénes avanzan y quiénes retroceden con el actual modelo. El contraste entre los datos macroeconómicos y el humor social se hace visible en el consumo, el empleo y la inversión.
Por un lado, las estadísticas muestran una desaceleración en la suba de precios y cierta estabilidad cambiaria que alienta a los sectores de mayores ingresos, favorecidos por un dólar relativamente barato para viajar y consumir bienes importados. Por otro, se registra una caída marcada en las ventas de supermercados, comercios minoristas y servicios, además de señales de destrucción de empleo en ramas vinculadas al mercado interno.
En ese escenario, la clase media aparece como el eslabón más tensionado: ve deteriorarse su poder adquisitivo, se enfrenta a aumentos de tarifas y alquileres, y observa cómo muchas pequeñas y medianas empresas —motor histórico del empleo formal en la Argentina— luchan por sobrevivir en un contexto recesivo. El interrogante central es cuánto tiempo más podrá sostenerse este esquema sin una hoja de ruta clara hacia la reactivación.
Quién gana, quién pierde y el desafío de la obra pública
Un primer elemento de análisis es la distribución de los costos del ajuste. Los sectores más vulnerables mantienen el acceso a planes sociales y se ven parcialmente beneficiados por la desaceleración de precios en alimentos y productos básicos. Los sectores de altos ingresos aprovechan la estabilidad financiera para ahorrar en dólares, viajar y consumir en el exterior. La franja intermedia, en cambio, carga con el mayor peso de la recesión, con sueldos que no siguen el ritmo de los precios y menos oportunidades laborales.
Otro punto clave es el impacto del superávit fiscal sobre la inversión pública. El freno casi total de la obra pública nacional se justifica, desde el discurso oficial, como una corrección frente a años de corrupción y sobreprecios. Sin embargo, especialistas en infraestructura advierten que la Argentina está lejos de poder prescindir de estas inversiones: rutas deterioradas, puentes en riesgo, ramales ferroviarios obsoletos y sistemas de transporte inseguros son parte de una realidad que se traduce en accidentes evitables y pérdida de vidas humanas.
La comparación con otros países vuelve a aparecer como referencia. En 2008, en plena crisis financiera internacional, economías como la española podían reducir la obra pública porque contaban con redes viales, ferroviarias y de transporte en buen estado. La Argentina, en cambio, arrastra un déficit histórico en infraestructura que vuelve riesgoso cualquier recorte prolongado en este rubro.
Gobernar es explicar: la necesidad de una hoja de ruta
En este contexto, crece la demanda de definiciones políticas hacia la clase media y los sectores productivos. Empresarios, trabajadores formales y profesionales independientes reclaman señales claras sobre cuándo y cómo se va a traducir el ordenamiento macroeconómico en crecimiento, inversión y empleo. La cuestión de fondo es si el modelo actual es una etapa de transición hacia una economía más dinámica o si se consolidará como un esquema permanente de ganadores y perdedores.
- Ordenar variables fiscales e inflacionarias es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo.
- La ausencia de obra pública prolongada puede agravar problemas de seguridad vial, logística y competitividad.
- La clase media y las pymes requieren políticas activas y previsibilidad para sostener el empleo.
“Está bien festejar los logros, pero también hay que explicar las falencias. Gobernar es explicar”.
El desafío para el Gobierno será mostrar, con fechas, planes y resultados concretos, cómo se recompondrán los ingresos de los sectores medios y cuándo volverán las inversiones en infraestructura estratégica. En una sociedad acostumbrada a crisis cíclicas, la legitimidad de cualquier programa económico no solo se mide en indicadores, sino también en la capacidad de ofrecer un horizonte comprensible para la mayoría.
