Es por irregularidad y reciente anulación de pagos a los profesionales vinculados a la rehabilitación que prestan servicios y un proyecto que no tiene consenso con ninguno de los sectores involucrados.
Por Bryan J. Mayer
Los últimos tres días de agosto están signados con un paro de alto acatamiento que afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Sucede que gran cantidad de profesionales e instituciones prestadoras de servicios a personas con discapacidades están en estado de alerta por una situación histórica que recrudeció en las últimas semanas: el pago irregular de sus tareas.
El Norte pudo conversar con integrantes de las áreas que desarrollan actividades sanitarias con ciudadanos con diversas discapacidades y explicaron que es habitual recibir los pagos por sus servicios con un retraso de entre 3 y 5 meses, pero que dos nuevas situaciones hicieron colapsar el malestar. Por un lado, este mes no se acreditaron los pagos y, por otro, hay un borrador de proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia para pasar el manejo de los fondos del sector al Tesoro Nacional.
Vale destacar que, actualmente, el pago de las prestaciones de fonoaudiología, terapia ocupacional; psicopedagogía; psicología; kinesiología; acompañantes terapéuticos; psicomotricistas; y de transportistas que están a cargo de los traslados de discapacidad es abordado por el Fondo Solidario de Redistribución. Un fondo que no es del Estado, pero está administrado por funcionarios de la Superintendencia de Salud. Éste se nutre de los aportes de todos los trabajadores registrados. No es menor destacar en este punto que el área de discapacidad es la única que transparenta y da trazabilidad completa al origen de su financiamiento. En Argentina se considera a la salud como “solidaria”, de ahí que todos aportan a ella.
Ante lo expuesto en el párrafo anterior, desde el Fondo se gira a las Obras Sociales los montos correspondientes a los pagos que deban realizar a sus prestadores. Es decir, los prestadores reciben sus honorarios por parte de la Obra Social, pero ésta es subvencionada – en el factor discapacidad – por el citado mecanismo de integración solidario. Lo que ocurre ahora, ante la crisis económica que sacude a todo el sistema, es que las prestaciones de abril/mayo (según el convenio respectivo) no fueron pagadas el 20 de agosto (fecha típica de pago) y no hay certidumbre de cómo continuará el cronograma de rendición de los meses posteriores.
Antes de eso, tiempo atrás se dio un aumento colectivo de trabajo y las prestaciones en discapacidad no se actualizaban. Entonces, se intentaba aumentar el pago a la gente en sanidad pero no podía facturar ni sostenerse demasiado tiempo. Primero, por las exhaustivas auditorías existentes y segundo, por la crisis económica que existe. Finalmente, se logró un aumento del 25% en agosto. Pero ese terminó siendo el mes donde los pagos cesaron.
Ante el reclamo a las Obras Sociales, que la Lic. Adriana Ávalos (Vicepresidente del Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe, 1ra Circunscripción) justifica en la necesidad de afrontar los costos de alquiler de consultorios, compra de insumos, limpieza, mantención en general, Etc., éstas se excusas en que no reciben el dinero desde la Superintendencia de Salud y que no están en condiciones de afrontar los costos en cuestión, ya que los mismos corresponden a medicación de alto costo que está dolarizada. Por su parte, la Superintendencia se expide argumentando que no logró reunir las sumas necesarias para cubrir las prácticas realizadas en el período actual. Eso generó desconcierto en las demás partes, ya que ponen sobre relieve que en julio se pagaron aguinaldos, por lo que el flujo de ingresos al Fondo Solidario fue mayor a lo normal. “¿Dónde fue a parar toda esa plata?” se preguntan otras fuentes que relataron su realidad a este medio. Otros, más ofuscados, denuncian que “no hay intención de pagar”.
Esto generó, entre manifestaciones en plazas y distintos espacios públicos, un paro con alto acatamiento en todo el país de todas las áreas mencionadas anteriormente. Ante eso, la representante afirma que hay comprensión y apoyo por parte de los padres y familiares de los pacientes afectados porque entienden que el panorama no da para más. “Ahora no sólo tenemos que hacer malabares para manejarnos con gastos en precios actuales con ingresos de valores de hace cuatro meses atrás, sino que directamente no nos pagan más” comenta Ávalos angustiada.
Anabela Candiota, titular de centros de atención médica en la provincia de Buenos Aires, coincide en El Norte con Ávalos en que se debe entender el impacto que tiene la labor de los trabajadores en discapacidad. Proponen poner en foco que el mismo es de carácter integral y que no es una sola terapia o consulta por patología, sino una asistencia que va desde transporte, pasando muchas veces por contención y alimentación, hasta la práctica específica en sí. Indican, en esa línea, que en la mayoría de los casos intervienen entre 2 y 5 profesionales por cada paciente para atender, además, su contexto social. Estos últimos, por su parte, terminan cobrando por sus honorarios un valor – en términos reales – casi un 50% menor al que deberían. Esto se debe a la acumulación inflacionaria entre el momento de la práctica y el del pago (unos 120 días después), más el 35% del Impuesto a las Ganancias, pago de Ingresos Brutos, entre otros ítems de la amplia gama de carga impositiva.
Según trascendidos, esta situación responde a una intención que puede un trasfondo ampliamente político. “Con el manejo de las cajas” traducen algunos afectados. Es que existe un borrador entre ellos de un eventual DNU para que el dinero para pagar a los actores de discapacidad deje de salir del Fondo Solidario y pase a ser administrado por un fondo extraordinario de la Agencia Nacional de Discapacidad, es decir: del Tesoro Nacional. Del mismo modo, la intención es que las prestaciones educativas sean atendidas por el Ministerio de Educación y todo lo referidos a traslados, por el Ministerio de Transporte. Esto genera rechazo entre las partes de servicios, porque prevén caer en la situación de otros sectores cuyos pagos se atrasan aún más tiempo, o no se actualizan a valores que sirvan para hacer frente a los grandes gastos que deben asumir y que los aportes de todos los trabajadores activos terminen siendo desviados a satisfacer otras intenciones que no son las del espíritu de solidaridad sanitaria.
Si la situación no se restaura a la normalidad, adelantan que la única salida puede ser un incremento muy fuerte en los aportes que se les retiene a todos los argentinos en situación de trabajo regular para poder cubrir los gastos en materia de discapacidad y una suba en los valores de las Obras Sociales o avanzar en el Decreto de Necesidad y Urgencia que hoy es borrador, con los riesgos que eso implica de frente a un grupo de nuestra sociedad en estado de amplia vulnerabilidad como son quienes padecen alguna discapacidad y sus familias.
VERSIÓN OFICIAL
Desde el gobierno, el Ministerio de Economía deslindó ser acreedor de responsabilidades de la situación a través de un hilo en Twitter: “Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas. Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso”.
Por su parte, la Agencia Nacional de Discapacidades reconoció que estudia cambios pero indicó que las prestaciones están aseguradas. “Frente a versiones extraoficiales, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo dependiente del a Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se informa que actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la Ley 24.901”, dice parte del comunicado oficial.