El delito que se investiga tendría como finalidad favorecer a una empresa china en una licitación. Desplegaron distintos requerimientos informativos.
La Justicia federal avanza en la recolección de pruebas de la denuncia que hicieron días atrás diputados de la Coalición Cívica para investigar un posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de licitación por la “Hidrovía”.
Requerimiento judicial
El fiscal federal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la instrucción de la causa por orden del juez Julián Ercolini, dispuso hoy una serie de diligencias en el Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos Sociedad del Estado y distintas compañías involucradas.
Según consigna el medio Infobae, se trata de “órdenes de presentación” con vistas a secuestrar documentación. De acuerdo a las fuentes, los procedimientos se desarrollaron en “el inmueble sito en Av. Corrientes 316, 2º piso, de esta ciudad, correspondiente a la Compañía Sudamericana de Dragados S.A.; en los inmuebles sitos en Cerrito 1070, piso 8º y en Av. Córdoba 991, 6º piso, Dpto. “A”, ambos de esta ciudad y vinculados a las empresas Dredging International NV Suc. Arg. y Dredging International Argentina S.A.”.
También en “Reconquista 609, 5º piso, de esta ciudad, correspondiente a la empresa CCCC Shanghai Dredging Co. Suc. Arg.; Ramón Castillo 750 de esta ciudad, correspondiente a Servimagnus S.A.; y en los inmuebles sitos en Luis García Nro. 695, 9º piso, Torres de las Naciones, de Tigre, provincia de Buenos Aires vinculado a la empresa Rohde Nielsen A/S Sucursal”. Además se dispuso presentarse en “Av. Corrientes 316, 1° y 3° pisos, de esta ciudad, correspondientes a la empresa EMEPA S.A.; en el inmueble sito en la calle Reconquista 559, 5º piso, de esta ciudad, correspondiente a la sociedad Boskalis International B.V. Sucursal Argentina”.
Además se libraron órdenes de presentación para el responsable de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, sita en Avenida Ingeniero Huergo nº 431 de esta ciudad; y a la autoridad del Ministerio de Transporte de la Nación”, ubicada en Hipólito Yrigoyen 250, 12° piso.
El delito
La investigación analiza la denuncia de diputados de la Coalición Cívica por presuntas maniobras para favorecer al consorcio internacional CCCC -comandado por la empresa china Shanghai Dredging Company-, que fue descalificada luego del análisis técnico de los cuatro oferentes. La licitación fue anulada.
La Vía Navegable Troncal – VNT (tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del RÍO PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior) comenzó una nueva etapa de gestión con múltiples actores, merced a una serie de actos de la Administración Pública Nacional – Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Se trata de la ruta donde se encuentra el complejo agroindustrial más importante del país, entre los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y el Río de la Plata y que representa el 80 por ciento de la salida de las exportaciones argentinas al mundo, señala la denuncia.
La denuncia detalla que el 30 de abril de 2021 finalizó el contrato de concesión de mantenimiento y dragado de la VNT, y se iniciaron los trámites inherentes al llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable. En setiembre se llamó a licitación para la contratación de la Obra “DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL”. Pero en un dictamen de precalificación, de las cuatro empresas que se habían presentado, tres resultaron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos. A causa de ello, al no pasar el filtro técnico, no habría competencia por precio.
“De lo publicado en sitios de fuente abierta se verifican una serie de intervenciones en los medios y actuaciones administrativas que parecían tener como objetivo enturbiar el proceso licitatorio”, dice la denuncia. “Ante la desestimación de su oferta, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la argentina Servimagnus, de Ricardo Román, junto a la gigante china CCCC Shanghai Dredging Co (que ha tenido varios inconvenientes en el mundo años atrás), informaron su intención de impugnar el trámite a través de algunas solicitadas en medios nacionales. Además de todo tipo de notas en medios que ponían en duda la tarea llevada a cabo por los técnicos de la AGPSE. Sin embargo, nunca habría presentado la queja de manera formal, acción que requería un fondo de garantía de 800 mil dólares que se establece para evitar impugnaciones sin mucho sustento”.
