La iniciativa del presidente del bloque libertario en Diputados propone cobrar la atención en hospitales y los estudios universitarios en la provincia de Buenos Aires a quienes no tengan residencia permanente. El texto presentado por Agustín Romo contempla excepciones sanitarias y deberá atravesar el debate legislativo.
Agustín Romo, diputado de La Libertad Avanza y presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto que busca modificar el acceso gratuito de los extranjeros a dos servicios públicos centrales, como lo son la educación y la salud. La iniciativa propone que quienes no acrediten residencia permanente deban pagar tanto por la atención en los hospitales provinciales como por las carreras de grado que cursen en universidades gestionadas por la provincia de Buenos Aires.
El planteo ingresó a la Legislatura con el acompañamiento de diputados de La Libertad Avanza y del legislador del PRO Guillermo Montenegro. A partir de ahora deberá pasar por las comisiones correspondientes, donde comenzará una discusión que no solo alcanzará al sistema de salud y a las universidades, sino también al criterio que utiliza el Estado para determinar quiénes pueden acceder gratuitamente a esos servicios.
Romo sostiene que la residencia permanente debe ser el punto que diferencie a quienes reciben atención o educación sin costo de aquellos que tendrán que pagarla. Según el diputado de La Libertad Avanza, los hospitales y las universidades provinciales se mantienen con los impuestos de los bonaerenses, por lo que los extranjeros que permanecen en el país de manera temporaria o transitoria deberían afrontar el valor de las prestaciones.
Cómo sería el cobro en los hospitales públicos
El proyecto establece que los extranjeros sin residencia permanente tendrán que pagar las prácticas, consultas, estudios y tratamientos que reciban dentro del sistema sanitario provincial. Ese costo podrá cubrirse a través de un seguro de salud, mediante el pago directo del paciente o por intermedio de un tercero que tenga la obligación de hacerse cargo.
La propuesta le asigna al Ministerio de Salud bonaerense la tarea de establecer los valores de cada prestación y publicarlos en un nomenclador oficial. El Sistema de Atención Médica Organizada, conocido como SAMO, deberá registrar la atención, identificar al paciente alcanzado por el régimen y emitir la liquidación para recuperar el dinero utilizado por el hospital.
Sin embargo, la iniciativa aclara que el cobro no podrá transformarse en un impedimento cuando exista una emergencia. Si la vida de una persona se encuentra en riesgo, el hospital deberá atenderla de inmediato, sin exigir un pago previo ni demorar la asistencia mientras se revisa su situación migratoria.
Una vez que el paciente se encuentre estabilizado, el sistema podrá iniciar el procedimiento para recuperar los gastos ocasionados por esa atención. De esta manera, el proyecto mantiene la obligación de intervenir ante una urgencia, aunque deja abierta la posibilidad de cobrar posteriormente los costos médicos.
El texto también contempla otras situaciones en las que no se aplicará el arancelamiento. Entre ellas figuran las campañas de vacunación, la atención de enfermedades transmisibles cuando exista una razón de salud pública y la asistencia a personas que hayan sido víctimas del delito de trata.
El alcance dentro de las universidades bonaerenses
La segunda parte de la propuesta se concentra en la educación superior y alcanza a las universidades provinciales de gestión estatal. Si el proyecto se convierte en ley, los extranjeros que no tengan residencia permanente deberán pagar por los estudios de grado que realicen en esas instituciones.
Cada universidad tendrá que definir el valor de los aranceles y establecer la forma en que serán cobrados. Esa decisión quedará en manos de los órganos de gobierno de las casas de estudio, que deberán adaptar sus normas internas al nuevo régimen previsto por la ley.
Entre las instituciones mencionadas aparecen la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Provincial de Ezeiza. El proyecto también hace referencia al Programa Puentes, que lleva carreras universitarias a diferentes municipios bonaerenses, aunque no explica con precisión cómo se aplicaría el cobro dentro de ese esquema.
Ese punto podría convertirse en uno de los temas de discusión cuando la iniciativa llegue a las comisiones legislativas. El programa funciona a partir de convenios entre la Provincia, los municipios y distintas universidades, por lo que su inclusión requerirá definir qué institución tendrá a su cargo el arancel y qué estudiantes quedarán alcanzados.
