Aguiar endurece críticas al Gobierno por el caso Neuroeléctrica
NewsITe
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, volvió a poner bajo la lupa al Gobierno nacional al advertir sobre presuntos sobreprecios millonarios en contratos de Neuroeléctrica Argentina S.A., la firma ligada al sistema energético nuclear. Según adelantó, ya se están reuniendo nuevas pruebas para ampliar las denuncias en la Justicia en las próximas semanas.
Aguiar calificó a la actual administración como “el gobierno más corrupto de la historia” y aseguró que en apenas dos años de gestión “cada día aparece un curro nuevo en la administración pública”. En el caso puntual de Neuroeléctrica, el sindicalista no descartó la existencia de un “accionar delictivo” vinculado a compras con sobreprecios que superarían en algunos casos el 140% y, en otros, el 1000%.
El dirigente de ATE apuntó directamente contra las autoridades de la empresa estatal. Señaló que el directorio y su presidente, Demián Ridel, “no han dado ninguna explicación ni han podido justificar” las operaciones cuestionadas. Las observaciones surgen a partir de dos denuncias internas: una firmada por un gerente de la compañía y otra presentada en forma anónima para resguardar la identidad del denunciante, cuya información sólo sería revelada ante un requerimiento judicial.
Dos casos bajo investigación: limpieza y software de gestión
La primera denuncia fue realizada por el gerente de Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, y está vinculada a la contratación de un nuevo servicio de limpieza. De acuerdo al planteo, el nuevo contrato implicaría pagar un 140% más que a la prestadora anterior, sin que existan motivos objetivos que lo justifiquen: no hubo ampliación de instalaciones, ni mayor superficie a cubrir, ni nuevas oficinas o edificios.
La segunda presentación, de carácter anónimo, se centra en la compra de un sistema de gestión administrativa. El nuevo software habría sido presupuestado en alrededor de 7 millones de pesos, frente a un sistema vigente valuado en unos 600.000, pese a que, según los denunciantes, funcionaría de manera “idéntica” al actual. Para Aguiar, la brecha de precios sugiere la posibilidad de que haya retornos y apropiación indebida de recursos públicos.
Posible vaciamiento y advertencia sobre el rol del Estado
- Contratos con diferencias de precio superiores al 100% y hasta el 1000%.
- Señalamientos sobre irregularidades en los procesos de licitación interna.
- Hipótesis de retornos y desfinanciamiento de la empresa estatal.
- Otras denuncias en preparación en distintos ministerios, según ATE.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Aguiar sostuvo que este tipo de maniobras podría inscribirse en una estrategia de “vaciamiento” de la empresa, con el objetivo de desfinanciarla para luego avanzar hacia una privatización. “Si alguien paga 7 millones por algo que vale 600.000, evidentemente hay retornos”, afirmó, al tiempo que advirtió que se habría vulnerado el procedimiento administrativo interno.
“Todas las decisiones que viene tomando el Gobierno atentan contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieren ahorrar: están desmantelando servicios esenciales para favorecer a los sectores concentrados”, advirtió Aguiar.
El dirigente recordó que ATE ya había detectado situaciones similares en el PAMI, en particular en la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas, donde también se denunciaron sobreprecios “abismales”. Además, señaló que existen otras denuncias en curso en diversos organismos nacionales, aunque todavía no fueron formalizadas por falta de documentación respaldatoria. “Muchas juntas internas de distintos ministerios están trabajando en esto”, remarcó, y anticipó que el sindicato seguirá impulsando acciones para frenar lo que considera un avance privatizador sobre el patrimonio estatal.
