La Auditoría General advierte falencias en la seguridad ferroviaria
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La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó ante el Congreso un informe crítico sobre el sistema de control y fiscalización de la Línea San Martín, que vuelve a poner en debate la seguridad ferroviaria en el país a más de una década de la Tragedia de Once. El organismo de control señaló fallas estructurales en los mecanismos de supervisión del mantenimiento y en las prácticas operativas del servicio.
El trabajo se centró en la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), y abarcó el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Según el documento al que accedió Noticias Argentinas, las herramientas regulatorias empleadas para corregir irregularidades de seguridad tuvieron una efectividad acotada y, en muchos casos, meramente formal.
La AGN reconstruyó el funcionamiento del esquema sancionatorio vigente hasta 2023 y destacó que las observaciones de la CNRT no lograban modificar la conducta de los operadores ferroviarios estatales. El propio ente regulador describió el régimen como un “monótono y constante proceso administrativo” que derivaba en llamados de atención semestrales por especialidad y por línea, sin generar datos objetivos útiles para diseñar políticas públicas o decisiones regulatorias firmes.
En ese marco, la CNRT también calificó el sistema como un “dispendio administrativo” que involucraba a múltiples áreas para cumplir con formalidades que no se traducían en cambios concretos en la operación ni en el mantenimiento del servicio. La AGN citó, además, que la Resolución 2210/15 “no resultaría eficaz” para fiscalizar aspectos clave como mantenimiento, seguridad y accidentes del sistema ferroviario nacional.
Cambio de régimen y expedientes archivados
El informe advierte que la modificación normativa implementada en 2023 supuso un giro en la lógica de control: el esquema sancionatorio fue reemplazado por un modelo de “coordinación y verificación” denominado Control Evaluativo Integral. Este nuevo sistema dejó sin efecto sanciones acumuladas durante varios años y puso el foco en el seguimiento del desempeño más que en la aplicación de penalidades.
Como consecuencia de ese cambio, en la Línea San Martín quedaron archivados 43 expedientes iniciados por la CNRT entre 2017 y 2022, todos vinculados con sanciones recurridas por la operadora estatal. Para la AGN, esta decisión implicó una pérdida de trazabilidad sobre las faltas detectadas y debilitó la capacidad disuasiva del organismo regulador.
- El viejo esquema se basaba en llamados de atención periódicos sin impacto real.
- El nuevo modelo elimina sanciones y se concentra en evaluaciones de desempeño.
- Quedaron archivados 43 expedientes sancionatorios de la Línea San Martín.
Tragedia de Once y límites del control estatal
Otro de los puntos sensibles del informe es el reconocimiento, por parte de la CNRT, de que el organismo no tiene facultades para interrumpir servicios ferroviarios por problemas derivados de falta de inversión, mantenimiento postergado, obsolescencia tecnológica o situaciones de emergencia. Ni siquiera episodios extremos, como la Tragedia de Once del 22 de febrero de 2012, derivaron en una suspensión del servicio en la línea afectada, pese a sus 51 víctimas fatales y más de 700 heridos.
De acuerdo con la respuesta oficial citada por la AGN, los trenes continuaron funcionando tras el accidente, durante la intervención de Trenes de Buenos Aires (TBA), en el proceso de rescisión del contrato y en la posterior transferencia de la operación primero a otros concesionarios privados y luego a la empresa estatal SOFSE. Para el organismo auditor, este dato expone los límites del actual esquema de control y la falta de herramientas efectivas para garantizar que las observaciones de seguridad se traduzcan en acciones contundentes.
“Las herramientas disponibles para corregir irregularidades continúan siendo insuficientes para asegurar cambios efectivos en la conducta de los operadores y fortalecer la seguridad del servicio ferroviario”, concluyó la AGN.
La auditoría se elaboró, además, en un contexto de Emergencia Pública Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional en junio de 2024, que reconoce la necesidad de revisar en profundidad las condiciones de mantenimiento, infraestructura y seguridad del sistema. Para la AGN, persisten debilidades regulatorias e institucionales que condicionan la capacidad del Estado para prevenir nuevos episodios críticos y mejorar de manera sostenible la operación de la red ferroviaria metropolitana.
