Advierten que volver a prisión sería “pena cruel” para Rudnev

Debate judicial por la prisión de Konstantin Rudnev en Río Negro

Konstantin Rudnev durante una audiencia judicial en Argentina

NewsITe

En el marco de la causa por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, la situación procesal del ciudadano ruso Konstantin Rudnev volvió a abrir un fuerte debate judicial. Su defensa insiste en que el imputado continúe bajo arresto domiciliario y advierte que su retorno a una cárcel podría transformarse en un “anticipo de pena cruel” dada su delicada situación de salud.

Durante una audiencia celebrada el 28 de septiembre ante el Tribunal de Revisión, el abogado defensor, Martín Sarubbi, cuestionó la decisión del juez de Garantías que había rechazado un nuevo pedido de prisión domiciliaria. Calificó esa resolución como “arbitraria e infundada” y sostuvo que el comportamiento de Rudnev en los últimos meses y su cuadro médico obligan a revisar los riesgos procesales.

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Según expuso Sarubbi, el acusado pasó más de 120 días en la localidad bonaerense de San Vicente, en el domicilio fijado ante la Justicia, sin registrar incumplimientos en el régimen de arresto domiciliario. Remarcó que todas las salidas fueron informadas y vinculadas a intervenciones quirúrgicas y períodos de reposo indicados por profesionales de la salud.

El rol de la asesora del niño y el debate sobre el riesgo de fuga

Un punto clave para la defensa fue la posición de la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza. La funcionaria sostuvo que no formularía objeciones al recurso presentado por Sarubbi y destacó que, durante el período analizado, no recibió reportes de amenazas, hostigamientos ni contactos indebidos hacia la mujer ni hacia el niño vinculados al caso.

Irastorza consideró que las condiciones fijadas para el arresto domiciliario eran suficientes para resguardar el proceso y proteger a los eventuales damnificados. En esa línea, interpretó que el cumplimiento estricto de las obligaciones por parte de Rudnev durante más de 120 días constituye una nueva circunstancia que debe ponderarse al evaluar los riesgos de fuga o entorpecimiento.

Incluso fue más allá al advertir que, si los peritos oficiales confirman el diagnóstico de salud, alojar nuevamente a Rudnev en una unidad penitenciaria podría implicar un “anticipo de pena cruel” sin una justificación razonable. La querella, por su parte, tampoco se opuso al pedido de morigeración de la medida.

Salud, idioma y el alcance de las decisiones judiciales

La defensa de Rudnev subrayó que el imputado sólo habla ruso y que, cuando estuvo alojado en la Unidad 6 de Rawson, debió comunicarse con los médicos a través de traductores automáticos. Para Sarubbi, esa situación, sumada a las dolencias físicas y a la falta de alta médica definitiva, vuelve irrazonable un eventual regreso a un establecimiento penitenciario.

El letrado también resaltó el arraigo del ciudadano ruso en el país, donde convive con su esposa, y cuestionó que se utilicen en su contra pasajes aéreos supuestamente adquiridos antes de conocer la existencia de la causa. A su criterio, el comportamiento demostrado bajo arresto domiciliario demuestra que, si Rudnev hubiera querido fugarse, ya lo habría hecho.

Pese a las coincidencias entre la defensa, la asesora del niño y la representación de la presunta víctima, el Tribunal de Revisión resolvió rechazar la impugnación y mantener la orden para que Rudnev regrese a una cárcel. Uno de los jueces reconoció compartir, en lo personal, la postura de la defensa, pero señaló que debía atenerse a lo resuelto previamente por la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal superior en la jerarquía judicial.

“Si los peritos confirman las condiciones de salud, el alojamiento de Rudnev en una cárcel podría ser un anticipo de pena cruel”, advirtió la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza.

La definición sobre el futuro inmediato de Rudnev vuelve a poner bajo la lupa el equilibrio entre la necesidad de asegurar el proceso penal y la obligación del Estado de garantizar condiciones de detención compatibles con los derechos humanos, especialmente cuando intervienen personas extranjeras y con problemas de salud acreditados.

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