El Gobierno despidió a 2.400 empleados del Ministerio de Justicia y elimina un incentivo por $15.600 millones destinado a capacitaciones. Además, puso fin a la exclusividad de la UTA en la formación de conductores profesionales, abriendo el sector a la competencia.
En línea con su plan de ajuste estatal, el Gobierno de Javier Milei anunció el despido de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia, así como la eliminación de un incentivo destinado originalmente a capacitaciones, argumentando que en la práctica no se llevaban a cabo. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien denunció irregularidades en la contratación de estos trabajadores.
“Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través de ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, explicó Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
Además, el portavoz informó sobre la supresión de un incentivo que, según indicó, representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. Inicialmente, los fondos estaban destinados a la capacitación del personal del Ministerio, pero, según Adorni, “como todas estas cosas en el Estado, se terminaron desvirtuando” y los pagos se convirtieron en un complemento salarial sin cumplir su propósito original.
Fin de la exclusividad de la UTA en capacitaciones
Por otra parte, el Gobierno informó sobre una resolución de la Secretaría de Transporte que pone fin a la exclusividad de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en las capacitaciones de conductores profesionales. Desde 2019, el sindicato había recibido 11 mil millones de pesos anuales por esta actividad.
“A partir de ahora, cualquier prestador del sistema que quiera ofrecer capacitaciones a los conductores podrá hacerlo. Para tal fin, y continuando con las medidas para una mayor desregulación dentro del Estado y libre competencia, se creará un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional de los Conductores de Transporte Automotor de Pasajeros”, informó la Secretaría en un comunicado.
Estas medidas forman parte del denominado “plan de motosierra” impulsado por Milei, que tiene como objetivo reducir el gasto público y desarticular lo que el Gobierno describe como “privilegios” o “negocios políticos”.