Adorni habló del futuro de la TV Pública y anticipó cambios profundos
NewsITe
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno evaluó la posibilidad de cerrar la TV Pública, aunque por el momento la decisión oficial es mantener su funcionamiento, pero con un cambio de nombre y una fuerte reestructuración interna. Según explicó, el objetivo es reducir gastos y avanzar hacia un esquema que, a su criterio, vuelva “más eficiente” el sistema de medios estatales.
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Adorni sostuvo que, si bien la privatización está vedada por ley, el Poder Ejecutivo tiene margen para “achicarla lo más que se pueda”. En ese marco, señaló que incluso “está la chance de cerrarla” y “bajarle la llave”, aunque hoy la alternativa en estudio se concentra en la reconversión de la señal y en una disminución significativa de la planta de trabajadores.
En una entrevista difundida por streaming e inmediatamente después en diálogo con el portal Infobae, el funcionario adelantó como “primicia” que la señal dejará de llamarse TV Pública. Para el oficialismo, el nombre actual quedó asociado a la etapa kirchnerista y, en línea con las decisiones del presidente Javier Milei, se dispuso retirar toda la cartelería y simbología que consideren de contenido ideológico en los organismos del Estado.
El futuro del canal se dirime en el marco de la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA), que administra tanto la TV Pública como Radio Nacional. Dicha intervención fue prorrogada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 79/2026, extendiendo el proceso hasta el 1º de febrero de 2027. Durante este período, se profundizará la revisión de estructuras, contenidos y recursos humanos de los medios públicos.
Uno de los ejes centrales de la reorganización es el plan de retiros voluntarios, que apunta a recortar alrededor de 500 puestos de trabajo, cerca del 20% de los 2.400 empleados actuales entre TV Pública y las 50 emisoras de Radio Nacional. El recorte afecta a periodistas, productores, personal técnico y administrativo, y reaviva el debate sobre el rol del Estado en la comunicación y el acceso a la información en todo el país.
Adorni definió como “excesiva” la dotación de personal, al remarcar que sólo en la TV Pública se contabilizan casi 1.300 trabajadores. La respuesta sindical fue inmediata: gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo advirtieron que la política de retiros y congelamiento salarial deteriora las condiciones laborales y debilita la producción de contenidos federales, educativos y culturales.
Reclamos sindicales y preocupación por el impacto social
Las organizaciones gremiales denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo, producto de salarios prácticamente congelados desde agosto de 2024. Según sostienen, muchos empleados quedaron por debajo de la línea de pobreza, mientras se exige mayor flexibilidad laboral y se avanza con reformas que, a su entender, precarizan la actividad en los medios estatales.
- Plan de retiros voluntarios que alcanzaría a unos 500 empleados.
- Intervención de RTA prorrogada hasta febrero de 2027.
- Denuncias sindicales por pérdida salarial y riesgo de achique estructural.
“Podríamos cerrarla y bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre”, reiteró Adorni al referirse al futuro inmediato de la TV Pública y al rumbo que pretende imprimir La Libertad Avanza en los medios del Estado.
Mientras tanto, trabajadores y gremios continúan en estado de alerta y movilización, alertando que la combinación de recortes, reforma laboral y cambio de perfil editorial podría generar un “daño irreversible” en el sistema de medios públicos, con impacto directo en el pluralismo informativo y en la presencia del Estado en regiones donde la oferta privada es escasa o inexistente.
