Adorni actualiza su patrimonio en medio de causas judiciales
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) su declaración jurada correspondiente a 2025, junto con una serie de rectificaciones impositivas y patrimoniales que modifican de manera significativa los números que venía informando desde 2020. La actualización se da en el contexto de las causas por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública que se tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py.
Las actuaciones están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes siguen de cerca la evolución del patrimonio del funcionario. En este marco, la nueva presentación incorpora bienes y activos que no figuraban en las declaraciones anteriores y que, según la defensa de Adorni, responden a movimientos económicos previos a su llegada al gobierno de Javier Milei.
Bitcoins no declarados y rectificación de activos
Uno de los puntos más llamativos de la actualización es el reconocimiento de ahorros en criptomonedas por un total de 513.000 dólares. De acuerdo con la propia explicación del jefe de Gabinete, se trata de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, a partir de una inversión inicial de alrededor de 200.000 dólares. La diferencia habría generado una ganancia cercana a los 300.000 dólares.
En una entrevista televisiva en LN+, Adorni aseguró que puede acreditar la trazabilidad de esos fondos mediante las claves de acceso de los monederos virtuales. Al mismo tiempo, admitió que nunca declaró esos montos ante las autoridades fiscales y justificó la omisión con una frase que generó fuerte repercusión política: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
Fuentes cercanas al funcionario atribuyen parte de las inconsistencias a que, hasta 2023, era él mismo quien completaba las declaraciones juradas, mientras que a partir de 2024 comenzó a intervenir un profesional contable. La nueva estrategia, tanto administrativa como judicial, apunta a mostrar que todos los bienes fueron adquiridos con recursos generados antes de su ingreso a la función pública.
Impacto en la situación de su esposa y bienes inmuebles
Las rectificaciones también alcanzan a la situación tributaria de su esposa, Bettina Angeletti. En los nuevos documentos se deja constancia de sus quince años de desempeño en cargos jerárquicos en el sector privado y de su condición actual de monotributista, algo que el entorno de Adorni plantea como un intento de ordenar y transparentar la información fiscal del grupo familiar.
Otro capítulo relevante es el de los inmuebles. Se corrigió la titularidad de la propiedad ubicada en el barrio cerrado Indio Cuá, adquirida en noviembre de 2025 por 120.000 dólares. La vivienda figuraba solo a nombre de Angeletti y ahora pasó a estar inscripta en condominio por partes iguales. Respecto de las refacciones, la Justicia había calculado un gasto de 245.000 dólares, pero el funcionario sostiene que el desembolso real fue de unos 170.000 dólares.
En paralelo, se detalló la operación por el departamento del barrio porteño de Caballito, en la calle Miró, comprado en la misma fecha. Según el informe oficial, la compra se realizó mediante un convenio privado con un amigo de Adorni, Pablo Feijoó. El jefe de Gabinete habría pagado una seña de 30.000 dólares y completado el resto, unos 100.000 dólares, mediante créditos e hipotecas, descartando la existencia de pagos informales adicionales. Las mejoras en esa vivienda sumaron alrededor de 65.000 dólares a su rendición de cuentas.
Herencias, sucesiones y deuda fiscal pendiente
La actualización patrimonial incluyó además los ingresos derivados de la sucesión de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2022. Por la venta de un inmueble hipotecado en La Plata, el funcionario declaró haber percibido cerca de 57.000 dólares, mientras que otros 22.000 dólares correspondieron a la liquidación de una parcela de tierra ubicada en el partido bonaerense de Daireaux.
Con estos ajustes ante ARCA, el titular de la Jefatura de Gabinete se comprometió a regularizar los cargos impositivos pendientes que pudieran surgir de la revisión de los últimos cinco períodos fiscales. La decisión se interpreta en la Casa Rosada como un intento de blindaje político frente a las causas en su contra, al tiempo que abre el debate sobre la informalidad, el uso de criptomonedas como refugio de valor y las prácticas de declaración de bienes entre los funcionarios públicos en la Argentina.
