Adepa advirtió por un protocolo que restringe la información
NewsITe
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por una resolución del fiscal general de San Juan, Guillermo Baigorrí, que aprueba un nuevo protocolo para el manejo de la información pública en el Ministerio Público provincial. La entidad sostuvo que la medida puede traducirse en serias restricciones al acceso a datos de interés público y, en consecuencia, afectar el trabajo periodístico.
El protocolo, según denunció Adepa, ordena a funcionarios y empleados del Ministerio Público abstenerse de brindar información que no haya sido previamente autorizada, desalienta los contactos personales con periodistas sobre causas en trámite y concentra todas las consultas en una única autoridad. Para la organización, este esquema genera un efecto inhibitorio sobre las fuentes y empobrece el flujo de información hacia la ciudadanía.
En un comunicado difundido este viernes, Adepa recordó que el secreto de sumario, la protección de datos personales y la preservación de las investigaciones penales son límites legítimos a la difusión de información, siempre que se apliquen de modo “específico, limitado a lo estrictamente necesario y con respaldo legal”. El cuestionamiento central es que, bajo el argumento de ordenar la comunicación institucional, se establezca un verdadero monopolio oficial de la información.
La entidad advirtió que ese tipo de mecanismos choca con los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, que consagran la libertad de expresión y de prensa, y con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo por cualquier medio.
Libertad de prensa y antecedentes internacionales
Adepa citó como antecedente relevante un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Társaság a Szabadságjogokért vs. Hungría. En ese pronunciamiento, el tribunal sostuvo que el monopolio de información ejercido por una autoridad judicial puede equivaler a una forma de censura, cuando impide recabar y transmitir datos de interés público. Para la entidad, esa doctrina resulta aplicable a situaciones en las que se centraliza la comunicación en un único vocero oficial.
En esa línea, la asociación remarcó que la publicidad de los actos estatales y el acceso a la información de interés público son pilares de la transparencia y del control ciudadano sobre la administración de justicia. Cualquier restricción, subrayó, debe ser excepcional, precisa, debidamente fundada y proporcional al fin perseguido.
- El protocolo sanjuanino canaliza toda la información a través de una sola autoridad.
- Adepa teme que se consolide un monopolio oficial de la palabra en materia penal.
- Se alerta por un impacto directo en la labor de periodistas y medios.
“Las restricciones a la información deben ser excepcionales, precisas, fundadas y proporcionales. No basta invocar de modo genérico la prudencia institucional o la reserva para justificar un monopolio oficial de la información”, advirtió Adepa.
Por todo ello, la asociación solicitó al Ministerio Público de San Juan que revise la Resolución General N.º 26/2026 y adecue sus reglas de comunicación al principio de máxima publicidad. También reclamó garantizar el derecho de acceso a la información y respetar el rol esencial del periodismo en una sociedad democrática, en la que la justicia penal debe estar sujeta al escrutinio permanente de la ciudadanía.
