El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad invirtió más de $ 88 mil millones en esta política desde su puesta en marcha en 2020 y, de esta manera, acompañó a más de 326.080 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género de todo el país. El programa aborda las violencias desde una mirada integral, fortalece la independencia económica de las destinatarias y busca reducir las violencias extremas que llegan hasta el femicidio. Su implementación es posible en todo el territorio nacional gracias a los 850 convenios firmados con los gobiernos locales.
Creado en plena pandemia, el Programa Acompañar consiste en un apoyo económico equivalente al pago de un salario mínimo, vital y móvil durante un plazo de seis meses junto con el acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.
Los 850 convenios firmados con todas las provincias y con municipios de todo el territorio nacional permitieron a esta política un alcance federal: mientras el 34 % de las personas inscriptas vive en la provincia de Buenos Aires y el 3 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 63 % son mujeres y LGBTI+ del resto de las provincias. El 44 % de quienes accedieron al Programa Acompañar se encontraban en situaciones de alto riesgo, por lo que esta decisión del Estado Nacional no solo transforma vidas, sino que también las salva de violencias extremas.
CAMBIO DE PARADIGMA
La ministra Ayelén Mazzina destacó que “el Programa Acompañar se creó bajo el mismo cambio de paradigma con el que se construyó el Ministerio: pasar de la asistencia a un abordaje integral de las violencias por motivos de género”. A su vez, reflexionó sobre aquellas posturas electorales que planifican cerrar las áreas de género: “¿Quién va a cuidar las vidas de tantas mujeres? Si bien la desigualdad y violencia de género son estructurales, estoy convencida de que el mejor camino es con un Estado presente y con políticas públicas que cuiden la vida de las mujeres y se mantengan en el tiempo”.
“Este programa surgió de la demanda de los territorios a partir de la necesidad de un acompañamiento integral a quienes se encuentran en situación de violencia, en una articulación entre las áreas locales, las provincias y el Estado Nacional para brindar herramientas de independencia económica a las mujeres y diversidades”, afirmó la secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Kelly Neila. “No es únicamente un apoyo económico, sino que además se brinda un acompañamiento psicosocial”, agregó la funcionaria. Para finalizar, hizo hincapié en que, “para acceder al programa no se requiere la realización de una denuncia”.
PERSONAS DESTINATARIAS
Las relaciones violentas suelen aislar o alejar a las mujeres de sus grupos de pertenencia. Además, más del 80 % de las destinatarias tienen hijas e hijos a cargo y separarse del progenitor muchas veces implica quedarse sin un lugar donde vivir o sin un sostén económico. La independencia económica, el fortalecimiento psicosocial y la creación de redes son las claves de esta política que aporta herramientas para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida libres de violencia.
LAS ESTADÍSTICAS DE LA VIOLENCIA
Hasta agosto de este año, dentro del universo de 326.080 mujeres y LGBTI+ que accedieron a esta política, el 85 % tiene entre 18 y 44 años y -de ellas- más de la mitad tiene menos de 29. El 89 % del total tiene personas a cargo, ya sea hijos e hijas de distintas edades, adultos mayores o personas con discapacidad.
En cuanto a los agresores, el 95,8 % fueron varones de los cuales en el 84,6 % se trató de la expareja, mientras en el 7,5 % de los casos fue la pareja actual. La modalidad de violencia más frecuente fue en el ámbito doméstico (un 98 % de los casos). El 87 % implicó violencia física, mientras el 85 % contuvo violencia psicológica, el 58 % fue económica y patrimonial y el 32 % conllevó violencia sexual. Entre sus principales vivencias, narraron situaciones de golpes, empujones, humillaciones, amenazas de daño físico, vigilancia y control permanente, insultos, gritos, celos, hostigamiento y estrangulamiento, entre otras. Además, el 44 % de quienes accedieron a esta política lo hicieron ante un nivel alto de riesgo; de hecho, dos de cada diez agresores poseían armas de fuego.
