Los letrados dedicados al fuero de Familia reflexionan sobre los reales alcances que podría tener el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional, el cual busca reducir los costos y el tiempo del proceso de disolución del matrimonio. Por su parte, el Colegio de Abogados de San Nicolás rechazó rotundamente la iniciativa oficialista.
De la Redacción de EL NORTE
[email protected]
El pasado 14 de octubre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que apunta a modificar la tradicional disolución del matrimonio a través del sistema judicial. Al igual que muchas de las medidas que está llevando adelante el Ejecutivo nacional, se trata de un tema que generó gran repercusión y polémica en los sectores involucrados.
La iniciativa propone un divorcio por vías administrativas, sin necesidad de iniciar un expediente judicial y, por ende, sin contratar abogados. En ese sentido, de aprobarse se reducirían significativamente los costos y tiempos del proceso, al permitir que las parejas se divorcien en el Registro Civil en lugar de los tribunales, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo.
Ante tal contexto, si bien momentáneamente existe cierto desconocimiento sobre los alcances e implicancias del “divorcio administrativo”, desde un primer acercamiento todo indicaría que los profesionales dedicados al fuero de Familia se verían directamente afectados.
En diálogo con EL NORTE los letrados nicoleños manifestaron: “Al desconocerse los gastos que implicaría un divorcio administrativo, el tiempo y la posterior inscripción registral, es difícil establecer lo beneficioso o perjudicial en comparación con el divorcio judicial”.
Al día de hoy, la mera disolución del vínculo matrimonial –sin los efectos del divorcio como alimentos, atribución de la vivienda, derecho de comunicación de los hijos, separación de bienes, entre otros– representa como mínimo un costo aproximado de un millón y medio de pesos.
En otro orden, los especialistas señalan que esta medida podría aliviar el sistema judicial. “En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, los divorcios pueden ser actualmente tramitados a través de Defensoría”, indicaron fuentes consultadas y consideraron que “quizás esté orientado a descomprimir la cantidad de casos que recaen sobre la Justicia”.
Sin embargo, el proyecto aún está en discusión y requerirá la aprobación legislativa antes de entrar en vigencia.
Postura institucional
Tras la divulgación del proyecto de ley, el Colegio de Abogados de San Nicolás (CASN) presidido por el Dr. Alejo Maiztegui, expresó la semana pasada su rechazo a través de un comunicado. “Como institución garante del ejercicio profesional de la abogacía y defensora del estado de derecho, manifestamos nuestra preocupación por el proyecto de ley que propone el divorcio administrativo”, comienza el escrito.
Entre los aspectos para fundamentar su posición, el CASN indica que “afecta garantías constitucionales, compromete la seguridad jurídica, menoscaba incumbencias profesionales, genera riesgos de nulidades y litigios futuros, y desprotege a grupos vulnerables”. A su vez, la institución “se compromete a bregar por un sistema de divorcio cada vez más ágil pero que preserve las garantías legales y el asesoramiento profesional”.
Análisis de Colproba
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba) comunicó su profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley 3287-D-2023 sobre el divorcio administrativo, destacando los siguientes puntos críticos:
Riesgo a la seguridad jurídica: la propuesta permite la renuncia a derechos fundamentales sin asesoramiento legal, exponiendo a los ciudadanos, especialmente a los vulnerables, a abusos.
Menoscabo de incumbencias profesionales: la intervención de abogados es esencial para proteger adecuadamente los derechos en procesos de divorcio.
Incongruencias legales: el proyecto presenta inconsistencias con el Código Civil y Comercial, lo que podría generar confusión y caos jurídico.
Riesgos de nulidades y litigiosidad: sin asesoramiento adecuado, los ciudadanos podrían quedar atrapados en acuerdos viciados, generando conflictos judiciales prolongados.
Desprotección de grupos vulnerables: la propuesta no aborda adecuadamente las necesidades de personas con discapacidad o adultos mayores.
Contradicción con estándares internacionales: falta de salvaguardas esenciales, como la asistencia letrada obligatoria, que dejan a los ciudadanos indefensos.
“El Colegio hace un llamado urgente a los legisladores para reconsiderar esta iniciativa y trabajar en propuestas que fortalezcan las garantías jurídicas en los procesos familiares. Reafirma su compromiso con el estado de derecho y la protección de los derechos de todos los ciudadanos”, sentenció la entidad.
