A un año del escándalo cripto que golpeó al Gobierno.
Este sábado se cumple un año del estallido del caso $LIBRA, la llamada “memecoin” promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei y que terminó convertida en una de las criptoestafas más resonantes de su gestión. A las 19.01 del 14 de febrero de 2025, el mandatario publicó un mensaje en la red social X en el que alentó la compra del nuevo token, lo presentó como una herramienta para financiar pymes tecnológicas e incluyó un código para adquirirlo de forma directa. Minutos después, decenas de miles de usuarios en todo el mundo se volcaron a invertir.
El efecto fue inmediato: el precio de $LIBRA se disparó por la entrada masiva de compradores que interpretaron el respaldo presidencial como una garantía de seriedad. Sin embargo, el entusiasmo duró muy poco. A las pocas horas, los principales tenedores y desarrolladores del proyecto se desprendieron de sus posiciones, provocando un derrumbe superior al 85% en la cotización. La maniobra, conocida en el ecosistema cripto como “rug pull” o “estafa de salida”, dejó a 44.000 personas afectadas a nivel global, según reconstruyó la investigación judicial.
Frente al escándalo, Milei borró el tuit original y emitió luego un mensaje en el que se despegó del emprendimiento, al que definió como un proyecto privado con el que no tenía vínculo alguno. “Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, argumentó después en una entrevista televisiva, y sostuvo que sus cuentas personales en redes sociales no deben interpretarse como canales de comunicación oficial de la Presidencia.
Investigación judicial y comisión en el Congreso
Las primeras denuncias penales se presentaron el 17 de febrero de 2025 e incluyeron cargos por presunta estafa y asociación ilícita. La causa recayó en el juzgado federal de María Servini, con el fiscal Eduardo Taiano a cargo de la investigación. El expediente apunta a determinar el grado de responsabilidad del Presidente y de los dos principales desarrolladores del token: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.
En paralelo, la oposición impulsó en la Cámara de Diputados una Comisión Especial Investigadora, presidida por el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. Ese cuerpo parlamentario tomó declaración a especialistas, recopiló documentación y analizó el rol de la Casa Rosada antes y después del lanzamiento de la criptomoneda.
En Argentina, la llamada Comisión $LIBRA identificó al menos 1.329 damnificados directos, mientras que en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Allí se acusa a Milei de haber emitido una “declaración promocional altamente engañosa”, cuya difusión habría resultado determinante para el ingreso de numerosos inversores minoristas.
Los vínculos con el entorno presidencial
De acuerdo con la causa, Novelli fue el nexo entre los creadores de $LIBRA y el entorno más cercano al Presidente. Registros oficiales lo ubican al menos diez veces en la Casa Rosada durante 2024, con ingresos autorizados en su mayoría por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. La justicia también identificó a Novelli como titular de una de las billeteras digitales que recibió fondos directamente desde cuentas vinculadas a los desarrolladores del token, tras encuentros previos relacionados con el proyecto.
Servini ordenó el allanamiento del domicilio del empresario, la inmovilización de sus bienes y lo investiga además por supuesto entorpecimiento de la investigación, luego de que se detectaran intentos de borrar información de sus dispositivos electrónicos y el vaciamiento de cajas de seguridad de familiares.
El otro actor clave es Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, una firma dedicada al diseño y lanzamiento de tokens. Davis firmó un contrato de confidencialidad mediante el cual asumía el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. A las pocas semanas de ese acuerdo, Milei publicó la promoción de $LIBRA en sus redes. La pesquisa detectó billeteras asociadas a Davis que movieron más de un millón de dólares y mensajes en los que el ejecutivo se jactaba de poder “influir” en el Gobierno argentino a través de ciertos pagos a Karina Milei.
Conclusiones políticas y futuro del caso
El 18 de noviembre del año pasado, la comisión investigadora de Diputados presentó su informe final. El documento concluyó que existió una “colaboración imprescindible” del Presidente en la difusión de la criptomoneda, al pointuar que sin su intervención el token difícilmente habría alcanzado semejante volumen de inversión. Los legisladores recomendaron al Congreso evaluar la apertura de un proceso de juicio político y remitieron todas las pruebas reunidas a la justicia federal, donde se abrió una nueva denuncia formal.
Desde entonces, el Gobierno de Javier Milei insiste en que no mantiene relación alguna con los principales involucrados y niega cualquier beneficio económico derivado de la operatoria. La posición oficial reduce el episodio a un conflicto entre privados, en el que el Presidente se habría limitado a “difundir” una iniciativa ajena. A un año del estallido, la causa sigue abierta y el caso $LIBRA se mantiene como un símbolo de la fragilidad regulatoria del mercado cripto y del impacto que pueden tener los mensajes de altos funcionarios sobre miles de pequeños ahorristas.
