Dirigentes sociales, empresarios y referentes políticos le presentaron al Papa León XIV un informe sobre la situación socioeconómica del país. El documento fue entregado antes de su llegada, prevista para el domingo 8 de noviembre.
El papa León XIV recibió en Roma un diagnóstico sobre pobreza, endeudamiento familiar, salud mental y consumos problemáticos en la Argentina. Dirigentes sociales, empresarios y referentes políticos presentaron el documento antes de la visita del Pontífice al país, prevista para el domingo 8 de noviembre.
La presentación se realizó durante un encuentro vinculado a Fratelli Tutti. La delegación buscó acercarle al Papa una mirada sobre la situación socioeconómica argentina y las dificultades que atraviesan distintos sectores.
Entre los integrantes de la comitiva estuvo Alejandro Gramajo, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El dirigente aseguró que las dificultades alcanzan a los barrios populares, trabajadores registrados, pequeñas empresas y personas que desarrollan actividades informales.
Endeudamiento, violencia y problemas de salud mental
Gramajo sostuvo que la situación no se limita a los niveles de pobreza y desempleo. Señaló que las dificultades para afrontar alimentos, alquileres y otros gastos cotidianos conviven con el endeudamiento, la violencia y los problemas de salud mental.
“El nivel de violencia horizontal, el nivel de problemas de salud mental y el avance del crimen organizado” forman parte de ese escenario, afirmó. También mencionó situaciones de suicidio, tristeza y angustia entre personas que enfrentan desalojos o no consiguen ingresos suficientes.
Según el dirigente, algunas familias recurren a préstamos informales ante las dificultades para acceder al sistema financiero formal. Gramajo vinculó esos circuitos con redes de narcomenudeo que operan en barrios populares de diferentes zonas del país.
El referente de la UTEP afirmó que las dificultades económicas también alcanzan a quienes cuentan con un empleo registrado. “Tenemos trabajadores formales que su salario no le alcanza”, sostuvo.
Gramajo indicó que algunas personas suman más de un empleo o utilizan sus vehículos durante la noche para generar ingresos mediante aplicaciones. Además, relacionó este escenario con el cierre de cerca de 30.000 empresas en el país y aseguró que más del 40% de los trabajadores se desempeña en la informalidad.
La situación de los trabajadores de la economía popular
El dirigente incluyó dentro del sector informal a recicladores, productores familiares y trabajadores textiles que desarrollaron sus propias actividades ante la falta de empleo registrado. En ese marco, cuestionó distintas decisiones del Gobierno y sostuvo que afectaron a las unidades productivas más pequeñas.
Gramajo apuntó particularmente contra la apertura de importaciones por su impacto en talleres textiles y otros emprendimientos. “Todo lo que ha tomado como decisión este Gobierno ha empeorado las condiciones y la realidad de todos los sectores del trabajo”, afirmó.
También reconoció que los programas sociales no solucionaron los problemas estructurales y admitió que algunas experiencias tuvieron “errores”. Sin embargo, rechazó extender esas situaciones al conjunto de los movimientos populares.
El dirigente explicó que quienes recibían programas como Potenciar Trabajo o el Salario Social Complementario cobraban el dinero en cuentas bancarias personales. A partir de ese mecanismo, sostuvo que las organizaciones sociales no intervenían directamente en el pago.
Gramajo señaló que la Ley de Emergencia Social buscó asistir a personas que “se tuvieron que autoinventar su trabajo”. Mencionó entre ellas a trabajadores del reciclado, la agricultura familiar y la producción textil.
“El gran desafío de la política argentina y de todos los sectores es ver cómo integran el proceso productivo a esos trabajadores”, planteó. Según explicó, el objetivo debe ser incorporar a esa población al mercado laboral con derechos.
