A una década de la tragedia de Time Warp en Costa Salguero
NewsITe
Este 15 de abril se cumplen diez años de la tragedia de Time Warp, la fiesta electrónica realizada en el complejo Costa Salguero donde cinco jóvenes murieron y varios más resultaron gravemente afectados tras el consumo de drogas sintéticas. Aquella madrugada de 2016 quedó marcada por las sirenas de decenas de ambulancias, el desconcierto de los asistentes y una escena que expuso con crudeza la combinación de descontrol, falta de controles y negocios millonarios detrás de los eventos masivos.
El encuentro se desarrolló en uno de los principales espacios de ocio nocturno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de fuerte auge de la música electrónica. Sin embargo, lo que prometía ser una noche de diversión derivó en una tragedia: los espacios desbordados, la presencia de dealers dentro del predio y la escasez de agua en los baños fueron, según relataron testigos y asistentes, señales tempranas de un escenario peligroso que jamás fue contenido.
Con el correr de las horas, varios jóvenes comenzaron a descompensarse en plena pista. Dos de las víctimas murieron dentro del boliche, otra persona falleció en la ambulancia mientras era trasladada a un hospital y las otras dos perdieron la vida en centros de salud de la Ciudad. Otros asistentes permanecieron internados en terapia intensiva durante días, mientras se intentaba estabilizar cuadros clínicos muy complejos.
Antes de que se conocieran los estudios forenses, el entonces titular del SAME, Alberto Crescenti, advirtió que los jóvenes habían muerto de manera “fulminante” y que presentaban temperaturas corporales superiores a los 40 grados, un indicador compatible con el consumo de sustancias estimulantes en contextos de hacinamiento y mala hidratación.
Las drogas detectadas y la identidad de las víctimas
Las autopsias confirmaron que las muertes se produjeron por edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio. En paralelo, las pericias toxicológicas determinaron que las víctimas habían consumido MDMA (éxtasis), metanfetaminas y PMMA, conocida popularmente como “Superman”, todas clasificadas como drogas sintéticas de alto riesgo, especialmente en entornos de temperaturas elevadas, deshidratación y consumo combinado de sustancias.
Los fallecidos fueron identificados como Nicolás Becerra (25 años), oriundo de Córdoba; Francisco Bertotti (21), de Pilar; Bruno Boni (20), de Berazategui; Andrés Valdez (23), de Entre Ríos; y Martín Bazzano (22), de nacionalidad uruguaya. Sus nombres se convirtieron en emblema de los reclamos de familiares y organizaciones que, desde entonces, exigen controles efectivos y políticas de reducción de daños en fiestas electrónicas y grandes recitales.
Una causa judicial que sigue sin llegar a juicio oral
Pese a la magnitud del caso y a que la investigación judicial se dio por concluida hace cuatro años, el proceso contra los presuntos responsables aún no llegó a la instancia de debate oral. La causa está en manos de la Justicia Federal y concentra la atención de las familias de las víctimas, que insisten en la necesidad de una respuesta institucional clara y una condena ejemplificadora.
Entre los imputados que deberán enfrentar juicio se encuentra Adrián Conci, presidente de la productora responsable de la organización de Time Warp. Junto a él están acusados sus colaboradores Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y Martín Gontad. Todos ellos figuran en el expediente como organizadores y responsables directos de las condiciones en las que se desarrolló el evento.
La nómina de acusados incluye además a funcionarios y exfuncionarios porteños vinculados a los controles estatales sobre eventos masivos: el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez; y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.
Responsabilidades del Estado y un debate pendiente
A diez años de la tragedia, el caso Time Warp se mantiene como una herida abierta sobre el rol del Estado en la habilitación y el control de los grandes eventos. En 2016, la AGC de la Ciudad de Buenos Aires estaba bajo la lupa por el mecanismo de inspecciones y permisos. Incluso un exdirector general de Habilitaciones y Permisos, Diego Pérez Lorgueilleux, fue investigado en el expediente, aunque luego continuó su trayectoria en la función pública.
En enero de 2026, la renuncia de Pablo Luis Santos como titular del RENAPER y la designación de Pérez Lorgueilleux volvió a poner el foco en esos antecedentes. Para los familiares y organizaciones que siguen de cerca el expediente, la demora en la realización del juicio oral y los movimientos de algunos de los nombres vinculados a la causa refuerzan la sensación de impunidad.
- Diez años después, el juicio contra diez acusados aún no comenzó.
- Familiares de las víctimas reclaman celeridad y condenas ejemplares.
- El caso reabrió el debate sobre controles, habilitaciones y reducción de daños.
“Time Warp marcó un antes y un después en la forma de mirar las fiestas electrónicas en Argentina, pero la respuesta judicial todavía está en deuda”, señalan fuentes vinculadas a la causa.
A una década de aquella noche en Costa Salguero, el recuerdo de las víctimas convive con un pedido sostenido de justicia y con la exigencia de que el Estado, organizadores y público asuman responsabilidades para que una tragedia como la de Time Warp no vuelva a repetirse.
