A medio siglo del golpe: una herida abierta en la historia argentina
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Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, el último y más sangriento quiebre de la institucionalidad democrática en la Argentina. Aquel día, las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), derrocaron a la entonces presidenta en ejercicio Estela Martínez de Perón e inauguraron el denominado Proceso de Reorganización Nacional.
El régimen instauró un esquema de terrorismo de Estado basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas. Centros clandestinos como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se convirtieron en emblemas del horror, dentro de una red represiva que funcionó en todo el país y que tuvo como objetivo disciplinar a la sociedad, desarticular la militancia política, sindical y social, y reordenar la economía bajo parámetros neoliberales.
La represión no se limitó a organizaciones armadas: la eliminación del Congreso, la censura, la intervención de sindicatos y universidades y la persecución de opositores y referentes sociales marcaron un quiebre profundo en la vida política y cultural del país. En paralelo, se buscó imponer un nuevo modelo económico, apoyado por sectores de poder tradicionales, que incluyó endeudamiento, apertura financiera y concentración de la riqueza.
Un país en crisis y el contexto regional de las dictaduras
Los meses previos al golpe transcurrieron en medio de una fuerte inestabilidad política, social y económica. El gobierno de Isabel Perón enfrentaba fracturas internas en el peronismo, pérdida de autoridad y una escalada de violencia que involucraba tanto a grupos paraestatales como la Triple A, responsables de asesinatos y amenazas, como a organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, que mantenían enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En 1975, el Operativo Independencia en Tucumán marcó el ingreso formal de las Fuerzas Armadas a la represión interna bajo la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Ese mismo año, el llamado “Rodrigazo”, con una fuerte devaluación, tarifazos y una inflación que trepó al 182% anual, profundizó el malestar social y derivó en el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista.
En ese clima de crisis económica, déficit fiscal, caída de reservas y creciente conflictividad, sectores de la Sociedad Rural, grupos empresariales, financieros y parte del sistema de medios avalaron abiertamente la salida militar bajo el argumento de “restablecer el orden”. El golpe se inscribió además en un contexto regional atravesado por dictaduras coordinadas por la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos.
Plan Cóndor, complicidades y terror de Estado
La dictadura argentina fue uno de los pilares del Plan Cóndor, el esquema de coordinación represiva entre los regímenes militares de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros países del Cono Sur. Su objetivo fue perseguir, secuestrar, torturar y asesinar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales, con apoyo logístico e inteligencia provenientes de los Estados Unidos.
- Intercambio de información entre servicios de inteligencia de los países de la región.
- Operativos conjuntos para secuestrar militantes exiliados en distintas capitales latinoamericanas.
- Traslados clandestinos y desaparición forzada de personas en centros de detención de varios países.
La coordinación represiva permitió ampliar el alcance del terrorismo de Estado y profundizar la clandestinidad de los crímenes. La ausencia de registros y la destrucción de documentación oficial explican, en parte, las dificultades actuales para establecer cifras definitivas de víctimas.
Resistencia, organismos de derechos humanos y el Juicio a las Juntas
En medio del terror, comenzaron a organizarse los primeros colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, fundada en septiembre de 1976, fue pionera en la presentación de reclamos formales y denuncias públicas por la aparición con vida de las víctimas.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) jugaron un rol clave en la recepción, registro y documentación de casos de desaparición forzada, torturas y asesinatos. Esas pruebas fueron fundamentales para los procesos judiciales posteriores.
El 30 de abril de 1977, las Madres de Plaza de Mayo iniciaron sus rondas en torno a la Pirámide de Mayo, con los pañuelos blancos como símbolo de búsqueda y resistencia. Poco después, las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a organizarse para localizar a niñas y niños nacidos en cautiverio o apropiados ilegalmente.
Memoria y justicia: del retorno democrático al precedente histórico
Cerca de diez años después del golpe, ya en democracia y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se realizó el histórico Juicio a las Juntas Militares. El proceso, que culminó con la sentencia del 9 de diciembre de 1985, estuvo a cargo de un tribunal civil y contó con la acusación del fiscal Julio Strassera, asistido por Luis Moreno Ocampo.
El veredicto, comparable en impacto simbólico a los Juicios de Núremberg, estableció la responsabilidad de las cúpulas militares en un “sistema represivo ilegal” y en un “gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios”. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua; otros jerarcas recibieron penas de entre 4 y 17 años, mientras que algunos resultaron absueltos.
“Nunca más” fue la consigna que sintetizó el reclamo social y se convirtió en bandera de una política de Estado basada en memoria, verdad y justicia.
Cifras, desapariciones y la búsqueda de los nietos
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) documentó inicialmente 8.961 casos de personas desaparecidas. Documentos de inteligencia desclasificados de las propias Fuerzas Armadas elevan ese número a alrededor de 22.000 entre 1975 y 1978. Los organismos de derechos humanos sostienen, en función del carácter clandestino del plan represivo, la cifra emblemática de 30.000 desaparecidos.
En cuanto a la apropiación de niños y niñas, se estima que unos 500 bebés fueron robados durante la dictadura. Hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de 140 nietos y nietas. Sin embargo, más de 300 personas continúan viviendo sin conocer su origen biológico, en una búsqueda que sigue abierta medio siglo después del golpe.
A 50 años del inicio del terrorismo de Estado, la Argentina llega a este nuevo aniversario con juicios en curso, nuevas identidades restituidas y un consenso mayoritario en torno al “Nunca Más”, aunque no exento de debates y tensiones. La memoria, la verdad y la justicia se mantienen como pilares para comprender el pasado reciente y defender la democracia en el presente.
