A medio siglo del último golpe, la memoria sigue interpelando a la Argentina
NewsITe
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, encabezado por las Fuerzas Armadas bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Aquella madrugada de 1976, las cúpulas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lideradas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocaron a la presidenta en ejercicio Estela Martínez de Perón y dieron inicio a la dictadura más sangrienta de la historia contemporánea del país.
El nuevo régimen instauró un plan sistemático de terrorismo de Estado basado en el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas. Los centros clandestinos de detención —como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), hoy Sitio de Memoria— se convirtieron en el epicentro de un dispositivo represivo que apuntó contra militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales, pero también contra cualquier voz considerada disidente.
La dictadura disolvió el Congreso, intervino sindicatos, partidos políticos, universidades y organismos públicos, y restringió al extremo la libertad de expresión. El golpe no fue un hecho aislado: se apoyó en un contexto de crisis económica, fuerte polarización política y escalada de violencia, en el que actuaron tanto organizaciones paraestatales, como la Triple A, como grupos armados guerrilleros —ERP y Montoneros—, en medio de un deterioro profundo del gobierno constitucional.
Un país atravesado por la violencia y la crisis económica
En febrero de 1975, durante la presidencia de Isabel Perón, el Operativo Independencia en Tucumán marcó el ingreso formal de las Fuerzas Armadas a la represión interna bajo la orden de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Ese marco jurídico-político abrió la puerta a un uso ilimitado de la violencia estatal, luego expandida a todo el territorio nacional tras el golpe.
En paralelo, el país atravesaba una crisis económica aguda. El plan de ajuste del ministro Celestino Rodrigo, conocido como el “Rodrigazo”, implicó una brusca devaluación superior al 100%, subas generalizadas de tarifas y combustibles y un desplome del salario real. La inflación trepó al 182% anual y la conflictividad social se profundizó, al punto de motivar el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista. La combinación de recesión, déficit fiscal y pérdida de reservas alimentó el clima de inestabilidad que sectores del poder económico y mediático utilizaron para reclamar abiertamente la “salida militar”.
En ese escenario, parte de la dirigencia empresaria, financiera y agropecuaria, junto a medios de comunicación concentrados, avaló el golpe como vía para “restablecer el orden”. La coordinación entre las tres Fuerzas Armadas distinguió a la dictadura de 1976 de los golpes anteriores y la alineó con el avance de regímenes autoritarios en América Latina bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos.
Plan Cóndor y represión coordinada en el Cono Sur
El golpe de 1976 se inscribió en una estrategia regional: el Plan Cóndor. Desde 1975, las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y, luego, Brasil y otros países, coordinaron el intercambio de información, detenciones ilegales, secuestros, torturas y asesinatos de opositores más allá de las fronteras. Documentos desclasificados muestran el respaldo político y logístico de Washington, interesado en contener el avance de movimientos de izquierda e instalar modelos económicos neoliberales.
El resultado fue una red de terrorismo de Estado transnacional, que persiguió a dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles y religiosos, muchos de ellos exiliados. En la Argentina, esa trama se articuló con un programa económico que transfirió ingresos hacia los sectores más concentrados, desindustrializó amplias ramas productivas y sentó las bases de un modelo de endeudamiento externo y desregulación financiera que impacta hasta el presente.
La resistencia de los organismos de derechos humanos
En medio del terror, empezaron a organizarse los primeros núcleos de resistencia civil. El 30 de septiembre de 1976 se conformó Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la primera agrupación dedicada a reclamar colectivamente por las víctimas del régimen. Poco después, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) comenzaron a recibir denuncias, documentar casos y visibilizar lo que el Estado pretendía ocultar.
El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunió en la Plaza de Mayo para exigir noticias sobre el paradero de sus hijos e hijas. Nacían así las Madres de Plaza de Mayo, que con sus rondas semanales se convirtieron en un símbolo mundial de lucha por los derechos humanos. De ese movimiento surgieron también las Abuelas de Plaza de Mayo, enfocadas en la búsqueda de bebés y niños nacidos en cautiverio o apropiados durante la dictadura, muchos de los cuales crecieron sin conocer su identidad real.
Juicio a las Juntas y lucha por la memoria
Con el retorno de la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó el histórico Juicio a las Juntas Militares. Tras ocho meses de audiencias, el 9 de diciembre de 1985 el tribunal federal condenó a las cúpulas del Proceso por organizar un “sistema represivo ilegal” basado en secuestros, tormentos y homicidios. Videla y Massera recibieron prisión perpetua; otros jerarcas, penas de entre 4 y 17 años, mientras que algunos quedaron absueltos.
Ese fallo se convirtió en un hito a nivel internacional, comparable con los Juicios de Núremberg, al establecer que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado no pueden quedar impunes. A partir de la anulación de las leyes de impunidad y los indultos, desde comienzos de los 2000 se reactivaron centenares de causas en todo el país, con condenas a militares, fuerzas de seguridad y civiles cómplices.
Cifras, identidades recuperadas y deudas abiertas
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) registró inicialmente 8.961 casos de desaparición forzada, aunque documentos de inteligencia militar desclasificados elevan la cifra a unos 22.000 para el período 1975-1978. Los organismos de derechos humanos sostienen que la magnitud real del plan represivo, su carácter clandestino y la destrucción de pruebas justifican la consigna que se mantiene vigente: “30.000 compañeros detenidos-desaparecidos”.
En cuanto a la apropiación de bebés, se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron separados ilegalmente de sus familias. Hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de 140 nietas y nietos; más de 300 aún no conocen su verdadero origen. Las campañas públicas, los bancos genéticos y las causas judiciales siguen siendo herramientas clave para avanzar en esa búsqueda.
Memoria, verdad y justicia, un compromiso vigente
- El 24 de marzo es feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- En todo el país se realizan marchas, actos, charlas y actividades culturales.
- Los sitios de memoria, como la ex ESMA, funcionan como espacios de educación y reflexión.
- Los juicios de lesa humanidad continúan con nuevas condenas a represores y civiles.
A 50 años del golpe cívico-militar, la consigna se mantiene intacta: memoria para no olvidar, verdad para saber qué pasó y justicia para que los crímenes del terrorismo de Estado no se repitan nunca más.
Medio siglo después, la democracia argentina sigue atravesada por el desafío de consolidar políticas de memoria, verdad y justicia frente a los intentos negacionistas o relativizadores del terrorismo de Estado. La tarea de los organismos de derechos humanos, de la justicia, de la educación y de la sociedad en su conjunto resulta central para honrar a las víctimas, acompañar a los sobrevivientes y garantizar que el “Nunca Más” sea un compromiso efectivo y permanente.
