Investigación federal sobre el ex titular de ARSAT y ex funcionario del ORSNA
NewsITe
La detención de Facundo Leal, abogado mendocino de 42 años y ex presidente de ARSAT, reavivó los interrogantes sobre el uso de cargos estratégicos del Estado como plataforma para negocios paralelos. Los allanamientos ordenados por la justicia federal en domicilios de Buenos Aires y Mendoza revelaron un patrimonio en efectivo difícil de justificar, y abrieron la puerta a una investigación más amplia sobre el rol que Leal habría desempeñado en la trama de permisos, contratos y gestiones discrecionales.
Leal presidió la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, y posteriormente desembarcó en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). En ambos espacios manejó información sensible y tuvo acceso a decisiones clave sobre infraestructura, licitaciones y autorizaciones, ámbitos en los que se mueven cifras millonarias y donde cada firma puede significar la diferencia entre avanzar o quedar afuera de un negocio.
En el sector, lo describen como un operador con llegada transversal a distintos gobiernos. Supo acomodarse tanto en el kirchnerismo como en la administración de Javier Milei, un rasgo que, para los investigadores, podría explicar la capacidad de sostenerse en la estructura estatal más allá de los cambios de signo político. Esa continuidad alimenta la hipótesis de que Leal habría funcionado como “articulador” entre intereses privados y resortes del Estado.
Qué se investiga en ARSAT y en el ORSNA
La causa tuvo su punto de partida en un faltante de equipamiento tecnológico, pero rápidamente derivó en la revisión de contratos y decisiones administrativas. El foco está puesto en determinar si desde ARSAT se direccionaron contrataciones o se trabaron y destrabaron procesos a cambio de beneficios económicos, y si desde el ORSNA se habilitaron permisos o se agilizaron trámites en el esquema aeroportuario mediante mecanismos similares.
La figura de Leal aparece asociada a la del ex secretario de Transporte, Luis Pierrini. Según las sospechas judiciales, ambos habrían conformado una dupla clave para “aceitar” gestiones, articulando entre empresas, organismos públicos y funcionarios de distintas áreas. El desafío de la investigación es traducir esas sospechas en pruebas concretas sobre contratos, correos, comunicaciones y movimientos de fondos.
Un organismo bajo sospecha y el antecedente Tombolini
El ORSNA no es ajeno a las controversias. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el organismo fue conducido por Matías Tombolini, luego trasladado a la Secretaría de Comercio. Hoy, Tombolini también se encuentra en el radar judicial por su participación en el sistema de permisos SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), criticado por empresarios y opositores por la discrecionalidad en la asignación de divisas en un contexto de fuertes restricciones.
- Gestión de autorizaciones para obras e inversiones en aeropuertos.
- Supervisión de concesiones y cánones pagados por operadores privados.
- Relación con otros organismos clave, como Transporte y Economía.
Los investigadores trazan paralelismos entre la lógica de los SIRA y la que habría imperado en los contratos de infraestructura y servicios vinculados a ARSAT y al ORSNA: circuitos poco transparentes, decisiones concentradas en pocos despachos y un margen amplio para “favores” que no siempre quedaban por escrito.
La ingeniería del dinero y la “caja negra” de la causa
Uno de los datos que más llamó la atención de los allanamientos fue la cantidad de dinero en efectivo incautada: más de 2,3 millones de dólares, distribuidos entre un departamento en el barrio porteño de Palermo y propiedades en barrios privados de la provincia de Mendoza, como el Dalvian. A eso se suma la presencia de billetes de al menos siete países, desde reales brasileños hasta chelines tanzanos, una diversidad que, para los investigadores, podría vincularse con viajes, contactos internacionales o triangulaciones financieras.
La justicia intenta reconstruir si esos fondos se corresponden con los ingresos legales de Leal o si, por el contrario, representan el resultado de un “peaje” cobrado por gestiones administrativas: acelerar un permiso, destrabar un contrato, inclinar una adjudicación o garantizar la continuidad de un acuerdo comercial. Cada decisión en organismos como ARSAT u ORSNA puede traducirse en negocios de gran escala para empresas de telecomunicaciones, construcción o servicios aeroportuarios.
La pericia sobre los dispositivos electrónicos —pendrives, notebooks y teléfonos— secuestrados en Buenos Aires y Mendoza es vista por los investigadores como la verdadera “caja negra” del caso, capaz de revelar el alcance de la red de contactos y la eventual ruta del dinero.
En paralelo, la situación de Leal reabre el debate sobre la permeabilidad de la administración pública argentina a los operadores con fuerte respaldo empresarial, capaces de adaptarse a distintos gobiernos y de mantenerse en puestos sensibles. Mientras avanzan los peritajes y declaraciones, la causa promete convertirse en un nuevo test para medir hasta dónde llegan los controles del Estado frente a esquemas de influencia y negocios opacos en áreas tan sensibles como las comunicaciones y la infraestructura aeroportuaria.
