La defensa de Eduardo Ignacio Murias presentó un recurso urgente ante la Justicia de Minas Gerais y sostuvo que el santiagueño sufrió ataques físicos dentro del penal donde permanece detenido por una causa de injuria racial.
La defensa de Eduardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil acusado de enviar mensajes racistas contra un nene de 7 años, solicitó este viernes su excarcelación ante la Justicia de Minas Gerais al denunciar presuntas agresiones sufridas dentro de la cárcel donde permanece alojado.
Los abogados del arquitecto santiagueño de 63 años presentaron un recurso de urgencia en el que alegaron que Murias fue víctima de ataques físicos en el sistema penitenciario de São João del-Rei, lugar en el que permanece desde que se le dictó la prisión preventiva.
Según detallaron sus representantes legales, los episodios de violencia ocurrieron durante una visita al penal. Además, aseguraron que las propias autoridades carcelarias manifestaron que no podían garantizar la seguridad del detenido.
A partir de esa situación, la defensa solicitó en el informe judicial la liberación inmediata de Murias o, en su defecto, la aplicación de alguna medida cautelar que permita apartarlo de la prisión donde se encuentra alojado.
El episodio que derivó en la detención ocurrió el domingo durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça, en la ciudad brasileña de Tiradentes. De acuerdo con la denuncia realizada por la madre del niño, Murias tomó fotografías del menor y las compartió mediante mensajes de WhatsApp mientras afirmaba que se lo iba a “llevar como esclavo”.
Según el relato, otro pasajero advirtió a la mujer sobre la situación y ella enfrentó al acusado para exigirle que mostrara su teléfono celular. Al acceder al dispositivo, encontró fotografías y mensajes acompañados de comentarios racistas.
Tras el descubrimiento, pasajeros y personal de seguridad del tren retuvieron al hombre hasta la llegada de la policía.
En un primer momento, Murias quedó detenido en flagrancia acusado de injuria racial, delito que prevé una pena de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, este lunes la Justicia brasileña modificó su situación procesal y ordenó la prisión preventiva luego de una audiencia de custodia.
