El líder de la COB desafía al Gobierno desde la clandestinidad

Tensión en Bolivia: la COB condiciona el diálogo con el Gobierno

Mario Argollo, líder de la COB, se pronuncia desde la clandestinidad

NewsITe

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció a través de un video difundido en las últimas horas y aseguró que no está dispuesto a “traicionar” al pueblo movilizado. Desde la clandestinidad, el dirigente sindical remarcó que serán las bases las que definan si los sectores en protesta aceptan o no la invitación al diálogo lanzada por el Gobierno de Bolivia en medio de una crisis social que ya se extiende por casi un mes.

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Argollo enfrenta una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público y un proceso penal que, según confirmó el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, continúan plenamente vigentes. Esta situación judicial complica su eventual presencia en una mesa de negociación, aun cuando el Ejecutivo insiste en abrir canales de conversación con las organizaciones movilizadas.

En su mensaje, citado por medios bolivianos como La Razón y El Deber, además de la Agencia Noticias Argentinas, el líder de la COB sostuvo que cualquier acercamiento al Gobierno deberá surgir de una decisión consensuada en las asambleas de base. “Si manifiestan que asistamos, lo vamos a hacer; y si determinan continuar con las luchas, vamos a continuar”, afirmó, al tiempo que ratificó su alineamiento con los sectores que mantienen bloqueos y protestas en distintos puntos del país.

Críticas al presidente Paz y reclamos por el diálogo

Argollo apuntó directamente contra el presidente Rodrigo Paz, a quien acusó de gobernar “a punta de decretazos” y de restarle atribuciones al vicepresidente. También señaló que parte del electorado que acompañó al mandatario en las urnas “se siente traicionada” por el incumplimiento de promesas de campaña, en un contexto marcado por la desconfianza y el desgaste político.

El video del sindicalista fue grabado desde la clandestinidad, precisamente por la orden de captura que pesa sobre él. Tanto Argollo como dirigentes de la organización Túpac Katari fueron llamados en reiteradas oportunidades por el presidente y por representantes de la Iglesia Católica para sentarse a una mesa de diálogo que permita desactivar los focos de conflicto. Sin embargo, los sectores sociales pusieron como condición previa que se deje sin efecto la medida judicial contra el jefe de la COB, algo que hasta el momento no ocurrió.

Protestas, bloqueos y presión cruzada sobre el Gobierno

La ratificación de la orden de aprehensión se produce en un escenario de alta tensión. Las protestas ya llevan 29 días continuos e incluyen cortes de ruta, movilizaciones y cercos a las ciudades de La Paz y El Alto, con un impacto directo en la circulación de bienes, la provisión de servicios y la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Desde Santa Cruz, otro de los polos de poder político y económico de Bolivia, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al Gobierno acciones inmediatas para levantar los bloqueos. Reclamó además que se apliquen sanciones penales a los responsables de las medidas de fuerza, al señalar que las autoridades ya deberían tenerlos identificados. “La ley se debe cumplir y ejecutar. Quienes son los causantes de este problema tienen que ir presos”, sostuvo.

  • El Gobierno insiste en una convocatoria al diálogo, pero sin ceder en las causas judiciales contra dirigentes clave.
  • Las organizaciones sociales condicionan cualquier negociación al levantamiento de las órdenes de aprehensión.
  • Los bloqueos y protestas generan un fuerte impacto económico y social en las principales ciudades.

“Mi persona no va a traicionar a nuestras bases y al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria al diálogo que venga tiene que ser decidida por las bases”, afirmó Mario Argollo.

Con posiciones endurecidas y una crisis que se prolonga, el desenlace del conflicto permanece abierto. Mientras el Ejecutivo busca encauzar el diálogo, la presión de las calles y la continuidad de los procesos judiciales sobre referentes sindicales y sociales amenazan con profundizar aún más la inestabilidad política en Bolivia.

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