La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner y habilitó el avance del decomiso sobre bienes vinculados a la condena por la causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en la causa Vialidad y dejó firme el camino judicial para avanzar con el decomiso de bienes vinculado a la condena contra la ex presidenta.
La resolución, firmada por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, ratificó por mayoría la decisión que habilita la ejecución sobre 111 bienes atribuidos al patrimonio de los Kirchner y del empresario Lázaro Báez.
Con esta decisión, a Cristina Kirchner y sus hijos sólo les queda presentar un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia.
El decomiso forma parte de la condena impuesta en la causa Vialidad y alcanza un monto de $684.990.350.139,86. La medida se vincula con la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta a la ex mandataria, quien actualmente cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.
En el caso de Máximo y Florencia Kirchner, el expediente involucra 19 propiedades heredadas o recibidas por cesión.
Casación ratificó la ejecución de bienes
Desde el Tribunal Oral Federal 2, que ejecuta la condena, ya iniciaron consultas a la Corte Suprema sobre la eventual disponibilidad de algunas propiedades alcanzadas por la medida.
La mayoría de la Sala IV rechazó todos los planteos presentados por las defensas.
“El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el juez Hornos en su voto.
El magistrado consideró que existe un “ilícito comprobado” respaldado por una condena firme y remarcó que las irregularidades investigadas en la obra pública vial nacional en Santa Cruz generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
Respecto de los bienes atribuidos a Máximo y Florencia Kirchner, Hornos afirmó que el tribunal ya había dado una “respuesta extensa, fundada y razonada” en decisiones anteriores y sostuvo que la defensa únicamente expresó diferencias con el criterio adoptado sobre el alcance del decomiso.
El juez también descartó los argumentos que señalaban que decomisar bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraría principios constitucionales como la legalidad, la inocencia, la culpabilidad o el derecho de propiedad.
Según sostuvo, que los actuales titulares no hayan sido juzgados dentro del expediente penal no impide avanzar sobre esos activos cuando existe “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”.
“La transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”, agregó.
El voto en minoría y los bienes en discusión
El camarista Mariano Borinsky votó en minoría y planteó una posición parcialmente distinta respecto de determinados bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a algunas empresas relacionadas con Lázaro Báez.
Borinsky consideró inadmisible el recurso presentado por Cristina Kirchner, aunque entendió que correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria en relación con propiedades adquiridas antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada como referencia por el tribunal que ejecuta la condena.
“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo”, argumentó el magistrado.
Entre los bienes señalados aparecen diez departamentos ubicados en Mitre 535, en Río Gallegos, y cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, ambos en la provincia de Santa Cruz.
En el caso de Lázaro Báez, la discusión también alcanza inmuebles pertenecientes a las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, adquiridas por el empresario.
