Pami apela una cautelar por deudas con prestadores de discapacidad
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El Gobierno nacional decidió apelar la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que había ordenado regularizar en un plazo máximo de 72 horas las deudas con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud. A pesar del recurso presentado por el Poder Ejecutivo, la resolución judicial continúa vigente hasta que la Cámara Federal se pronuncie.
La cautelar fue dictada en el marco de un amparo colectivo promovido por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto con instituciones de la provincia como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y diversos centros terapéuticos. El eje del planteo se centra en el impacto que los retrasos en los pagos generan en la continuidad de los tratamientos y la atención a personas con discapacidad.
En su resolución original, Vaca Narvaja ordenó al Estado nacional cancelar las deudas con los prestadores en un plazo de 72 horas, y fijó una vigencia de seis meses para la medida cautelar, o hasta que exista una sentencia firme en la causa. El objetivo central del fallo es garantizar la prestación de tratamientos, medicamentos y servicios esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El magistrado consideró que el Estado se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores, lo que configura, a su criterio, un “riesgo inminente” para las personas con discapacidad que dependen de estas prestaciones para sostener su calidad de vida.
Preocupación por el impacto en tratamientos y beneficios
Organizaciones de la sociedad civil y entidades vinculadas a la discapacidad vienen alertando desde hace meses sobre las dificultades financieras que atraviesan los prestadores ante los retrasos en los pagos. Clínicas, centros de día, hogares y profesionales independientes señalan que la falta de liquidaciones en tiempo y forma pone en riesgo la continuidad de los servicios, el pago de salarios y la cobertura de insumos básicos.
En este contexto, el fallo de primera instancia fue interpretado por estos sectores como un respaldo judicial al reclamo de previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. La apelación del Gobierno abre ahora una nueva etapa en la discusión, que quedará en manos de la Cámara Federal, mientras la cautelar se mantiene activa.
El recorte en pasajes gratuitos suma tensión al escenario
La presentación judicial también menciona la Resolución 28/2026, mediante la cual el Poder Ejecutivo eliminó los subsidios a las empresas de transporte de larga distancia para la cobertura de pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer. Hasta la entrada en vigencia de esta norma, el beneficio permitía el acceso sin costo a un cupo limitado de pasajes en micros de media y larga distancia.
- El fallo apunta a asegurar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales.
- La eliminación de subsidios al transporte afecta la movilidad y el acceso a centros de atención especializados.
- Prestadores y organizaciones advierten por el riesgo de interrupción de servicios y pérdida de derechos adquiridos.
“Las demoras crónicas en los pagos y el riesgo inminente para las personas con discapacidad justifican la adopción de medidas urgentes”, sostuvo el juez Hugo Vaca Narvaja en los fundamentos de su resolución.
Mientras la Cámara Federal analiza el recurso del Gobierno, el foco está puesto en el cumplimiento efectivo de la cautelar y en la búsqueda de soluciones estructurales que permitan normalizar los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones. El debate, además, vuelve a colocar en el centro de la agenda pública la necesidad de proteger los derechos de las personas con discapacidad frente a decisiones de ajuste presupuestario.
