El Poder Ejecutivo activó el debate por nuevas reglas de inversión y transparencia
El Gobierno de Javier Milei envió este martes al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Súper RIGI” –un régimen de incentivos para grandes inversiones– junto con una iniciativa para regular la actividad de lobby en la administración pública. Con el giro de ambas propuestas a Diputados, el oficialismo busca abrir un nuevo capítulo de debate legislativo en torno al clima de negocios, la transparencia y las reglas para la toma de decisiones en el Estado.
Según adelantaron fuentes oficiales, el denominado Súper RIGI apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a proyectos de gran envergadura en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y economía del conocimiento. La apuesta de la Casa Rosada es que estos incentivos contribuyan a atraer capitales del exterior, impulsar el empleo privado y dinamizar exportaciones, en línea con el programa económico de desregulación y apertura que impulsa el Presidente.
En paralelo, la ley de lobby busca establecer un marco legal específico para las gestiones de interés ante funcionarios nacionales. Si bien en Argentina existen normas de ética pública y acceso a la información, hasta el momento no hay una regulación integral que ordene cómo, quiénes y bajo qué condiciones pueden realizarse reuniones con autoridades para influir en decisiones, contratos o regulaciones. La iniciativa oficial pretende cubrir ese vacío y alinear la práctica local con estándares ya vigentes en otros países.
Qué es el Súper RIGI y por qué es clave para el Gobierno
El proyecto de Súper RIGI se presenta como una versión ampliada y más agresiva en términos de beneficios respecto de intentos anteriores de regímenes de promoción de inversiones. Entre los puntos que se esperan en la discusión legislativa se encuentran:
- Plazos de estabilidad fiscal y seguridad jurídica para quienes ingresen al régimen.
- Ventajas impositivas para la importación de bienes de capital y tecnología.
- Flexibilización de reglas cambiarias para la repatriación de utilidades.
- Condiciones específicas para proyectos de infraestructura y energía de largo plazo.
Para el oficialismo, se trata de una herramienta central para “destrabar” inversiones demoradas por la falta de previsibilidad. Para la oposición, en cambio, uno de los ejes del debate será el equilibrio entre atraer capital y resguardar los recursos fiscales, ambientales y la competencia con empresas locales más pequeñas.
La ley de lobby y el debate por la transparencia
El otro eje del paquete enviado al Congreso es la ley de lobby, una vieja deuda del sistema político argentino. El proyecto buscaría crear registros obligatorios de lobistas y agendas públicas de reuniones con funcionarios de los tres poderes del Estado, además de fijar obligaciones de reporte y posibles sanciones en caso de incumplimiento.
En países como Chile, Estados Unidos o miembros de la Unión Europea, la regulación del lobby se entiende como un instrumento para transparentar la influencia de grupos económicos, organizaciones civiles y cámaras empresarias sobre las políticas públicas. En Argentina, el tema suele resurgir cada vez que se discuten grandes contratos de obra pública, regulaciones sensibles o licitaciones de alto impacto.
La discusión parlamentaria que se abre a partir de ahora permitirá conocer el nivel de respaldo que el oficialismo consigue para avanzar con su hoja de ruta económica, así como el alcance real que tendrá la nueva normativa de lobby para fortalecer los estándares de integridad pública en la Argentina.
