Venezuela anunció la inminente liberación de más de 500 detenidos por razones políticas

Delcy Rodríguez afirmó que las excarcelaciones en Venezuela se concretarán en las próximas horas y aseguró que el número superará ampliamente las previsiones iniciales del Parlamento. Organizaciones de derechos humanos recibieron el anuncio con expectativa y cautela.

Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en “las próximas horas” se concretará la excarcelación de más de 500 personas detenidas por razones políticas, en lo que el gobierno presentó como un nuevo gesto hacia sectores opositores y la comunidad internacional.

El anuncio fue realizado durante un acto oficial transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y amplió el alcance de los compromisos iniciales asumidos por la Asamblea Nacional.

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Rodríguez explicó que el Parlamento había previsto originalmente la liberación de 300 personas, aunque posteriormente revisó esa cifra.

“Ese número ha aumentado y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones. Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas”, sostuvo.

La mandataria interina asumió el poder en enero pasado, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación respaldada por Estados Unidos, y gobierna bajo presión de Washington, que condiciona la flexibilización de sanciones a avances en derechos humanos y garantías democráticas.

Un mecanismo diferente a la Ley de Amnistía

El gobierno aclaró que estas nuevas excarcelaciones no forman parte de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, normativa que, según el Ejecutivo, permitió previamente la salida de cientos de detenidos.

Rodríguez señaló que esta vez se aplicó un “proceso distinto”, articulado mediante dos herramientas oficiales: la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Según explicó la administración venezolana, ambos mecanismos contemplaron consultas con universidades y organizaciones no gubernamentales, aunque no se difundieron los nombres de las entidades participantes.

De acuerdo con cifras oficiales, bajo esos esquemas ya se habían concretado 395 liberaciones previas, a las que ahora se sumarían más de 500 nuevas salidas de prisión.

La Comisión de Revolución Judicial fue presentada como un ámbito destinado a revisar causas sensibles y posibles abusos procesales, mientras que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática aparece orientado a promover acuerdos sociales y reducir la conflictividad política.

Respaldo institucional y cautela de organizaciones civiles

El anuncio contó con la presencia de figuras centrales del aparato institucional venezolano, entre ellas el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González Lobato; y el diputado Jorge Arreaza.

La puesta en escena buscó exhibir cohesión oficial y respaldo institucional a la medida.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos reaccionaron con expectativa, aunque también con prudencia.

“Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana”, advirtió la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en la red social X.

Por su parte, Foro Penal mantenía antes del anuncio un registro superior a las 450 personas privadas de libertad por motivos políticos.

De concretarse las liberaciones prometidas, el número de detenidos podría reducirse de forma significativa. Aun así, las organizaciones civiles sostienen que el desafío de fondo continúa siendo garantizar independencia judicial y respeto pleno por las libertades civiles.

Analistas siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos y advierten que las excarcelaciones podrían integrarse a una estrategia oficial para ganar margen en futuras negociaciones políticas y económicas, en un país todavía atravesado por profundas tensiones institucionales y sociales.

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