Una ley pionera en la región suma su primer caso
Uruguay concretó este viernes el primer procedimiento de eutanasia desde la entrada en vigencia de la ley que regula la muerte médicamente asistida, aprobada por el Parlamento en 2023. La beneficiaria fue una mujer de 69 años con un cáncer avanzado e incurable, cuyo caso abre un nuevo capítulo en la agenda de derechos del país vecino.
La normativa, considerada una de las más avanzadas de América Latina, comenzó a regir formalmente hace apenas un mes, cuando se implementó el protocolo sanitario y administrativo que habilita a los pacientes a solicitar la eutanasia bajo estrictos criterios médicos y legales.
El Colegio Médico de Uruguay confirmó que el procedimiento se realizó de acuerdo con los pasos fijados en la ley. Medios locales indicaron que la paciente atravesaba la etapa terminal de la enfermedad, con fuertes padecimientos físicos y un marcado deterioro de su calidad de vida, y que había manifestado de manera reiterada su voluntad de acceder a una muerte asistida.
Un proceso regulado y con garantías para el paciente
Según la reglamentación uruguaya, la eutanasia solo puede aplicarse a personas mayores de edad, ciudadanas o residentes, que se encuentren en etapa terminal de una patología incurable y estén psíquicamente aptas para tomar la decisión. Además, deben padecer sufrimientos considerados insoportables, con grave menoscabo de su calidad de vida.
El procedimiento comienza con un pedido formal del paciente a su médico de confianza. El profesional dispone de hasta tres días para expedirse y, en caso de considerar que se reúnen las condiciones, debe solicitar la evaluación de un segundo médico. Solo si ambos coinciden en que se cumplen los requisitos, se autoriza avanzar con la aplicación de los fármacos previstos en el protocolo.
La normativa también establece que el paciente puede revocar su decisión en cualquier momento, sin obligación de justificar el cambio de postura. Este punto es considerado central por sus impulsores, ya que garantiza que la voluntad sea libre, informada y reversible hasta el último instante.
Debate ético, acompañamiento civil y críticas de la Iglesia
Federico Preve, diputado de la coalición de izquierda que promovió la ley, definió la jornada como “un día simbólico muy importante para el país”. El legislador subrayó que la paciente “pudo decidir morir con tranquilidad, según sus propias convicciones”, y destacó que Uruguay se suma así al reducido grupo de naciones que legalizaron la eutanasia, como España y los Países Bajos.
Desde la organización civil Empatía, que militó activamente por la aprobación de la norma, expresaron que continuarán monitoreando la implementación para evitar demoras o trabas burocráticas. Una de sus referentes, Florencia Salgueiro, remarcó que este primer caso demuestra que la ley “se convierte en una herramienta concreta para que las personas puedan acceder a una muerte digna”.
La Iglesia Católica, en cambio, reiteró su rechazo a la eutanasia, al considerar que vulnera el principio de inviolabilidad de la vida y que el Estado debería priorizar el fortalecimiento de los cuidados paliativos. Pese a las críticas, el gobierno uruguayo reivindica la ley como parte de una tradición laica y de ampliación de derechos, en línea con hitos previos como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.
“Esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones”, subrayó el diputado Federico Preve.
Con este primer caso, Uruguay consolida su perfil de laboratorio jurídico en la región, mientras se reaviva el debate sobre el final de la vida y la autonomía de los pacientes en América Latina.
