Organizaciones y oposición avanzan contra el proceso licitatorio
Mientras el Gobierno nacional acelera la licitación por 30 años del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, crece un frente de rechazo integrado por organizaciones socioambientales, sectores de la cultura y dirigentes de la oposición. Sostienen que el proceso está “plagado de irregularidades” y que puede generar un fuerte impacto sobre el ecosistema fluvial más importante de Sudamérica.
El conflicto se profundizó tras un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, que recomendó impugnar la licitación impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). De acuerdo con ese informe, se detectaron anomalías en la documentación presentada por el Ejecutivo para justificar el proceso.
Uno de los puntos más sensibles del dictamen apunta a un supuesto informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), utilizado por el Gobierno como aval técnico. Peritos informáticos determinaron que ese documento es apócrifo, lo que encendió alarmas sobre la transparencia y la seriedad de la licitación.
Falta de estudios ambientales y denuncias por falta de transparencia
La PIA también advirtió sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental rigurosos, el incumplimiento del Acuerdo de Escazú —que garantiza el acceso a la información y la participación en temas ambientales— y la falta de mecanismos de consulta ciudadana y federal con las provincias ribereñas. Además, se cuestiona la fórmula de evaluación de las ofertas y se mencionan riesgos de direccionamiento del proceso en perjuicio de la competencia.
Frente a este escenario, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, para frenar la licitación. Piden que no se avance hasta que se garantice un procedimiento transparente y con controles ambientales adecuados.
El dictamen y la cautelar se presentan en un momento clave: el Gobierno ya comunicó a las empresas interesadas la finalización de la evaluación técnica y habilitó a Jan de Nul y DEME a pasar a la instancia final de la compulsa por el control de la Hidrovía.
El rol de Jorge Taiana y la ofensiva política en el Congreso
El diputado nacional de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana se convirtió en uno de los principales articuladores políticos del espacio opositor a la licitación. Presentó tres proyectos de resolución para exigir la suspensión inmediata del proceso y promovió una solicitada con el apoyo de figuras de la cultura y la política, según reconstruyó la agencia Noticias Argentinas.
Taiana encabezó, además, una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados con legisladores de su bloque, especialistas, sindicalistas, activistas ambientales y representantes de organizaciones que impulsan la defensa de la soberanía sobre el río Paraná. El objetivo central fue construir una agenda común para resguardar la Vía Navegable Troncal como un corredor estratégico para la economía argentina.
En ese encuentro, los participantes coincidieron en que la licitación actual carece de transparencia, de participación federal y presenta irregularidades que podrían tener graves consecuencias institucionales y económicas. Reclamaron un debate abierto sobre el modelo de gestión de la Hidrovía y la distribución de sus beneficios.
Humedales en riesgo y disputa por un corredor estratégico
Las críticas al proceso licitatorio exceden los aspectos administrativos y se enfocan también en el posible impacto ambiental. La Hidrovía recorre 3.442 kilómetros y atraviesa ecosistemas de humedales en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Se trata de un corredor clave para la biodiversidad, la regulación hídrica y la economía regional.
Por la Vía Navegable Troncal circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del Cono Sur. Tener el control del dragado y del mantenimiento del canal representa, por lo tanto, una palanca de enorme poder económico para la empresa concesionaria y para las corporaciones vinculadas al comercio de granos, alimentos y otras mercancías.
Organizaciones ambientalistas sospechan que el objetivo de la nueva concesión es profundizar el calado del canal más allá de los niveles actuales, fijados en torno a los 34 y 37 pies desde la privatización de los años noventa. El plan sería llevarlo a 44 pies para permitir el paso de buques de mayor porte y reducir costos logísticos.
Especialistas advierten que una profundización de esa magnitud puede alterar drásticamente la dinámica natural del río, modificar el sistema hídrico y acelerar el escurrimiento del agua. Ese fenómeno podría derivar en el secado de bañados, lagunas y otros humedales, con impactos irreversibles sobre la fauna, la flora y las comunidades locales.
“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, afirmó Taiana.
La posible degradación de los humedales afectaría especialmente a quienes viven de la pesca artesanal, del turismo de naturaleza y de actividades productivas como la ganadería en islas. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su hoja de ruta para adjudicar la Hidrovía, en una pulseada que combina ambiente, soberanía, comercio exterior y control de un corredor clave para el país.
