Ocho años de cárcel para un suboficial por allanamientos ilegales en Rosario
Un suboficial de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe fue condenado en Rosario a ocho años de prisión efectiva y once de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, tras ser hallado responsable de una serie de hechos de corrupción vinculados a allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, cometidos con el objetivo de robar drogas y dinero.
El condenado fue identificado como Guillermo David Toledo. La sentencia fue dictada por un Tribunal de Juicio integrado por los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider, luego de un proceso centrado exclusivamente en la determinación de la pena, ya que la responsabilidad penal del acusado había sido acordada de manera parcial entre la fiscalía y la defensa.
De acuerdo con la investigación, Toledo encabezaba un grupo de otros seis efectivos de la PAT que realizaba operativos simulados y allanamientos sin respaldo legal en la ciudad de Rosario. Durante esos procedimientos, las víctimas eran privadas de su libertad de forma arbitraria, sometidas a tormentos físicos para obtener información y despojadas de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos de valor.
Parte de la droga sustraída era luego comercializada de forma clandestina en la ciudad de Santa Fe, lo que agravó el cuadro acusatorio al involucrar a una organización integrada por funcionarios que, en lugar de combatir el delito, se valían de sus cargos para obtener beneficios ilegales.
Delitos comprobados y alcance de la condena
Los jueces consideraron probado que Toledo cometió los delitos de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación ideológica de documento público, sustracción de elementos, vejaciones y apremios ilegales. Además, fue condenado por comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de más de tres personas y por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad.
Según trascendió en ámbitos judiciales, el fallo se inscribe en una línea de actuaciones que buscan marcar un precedente frente a la corrupción policial vinculada al narcotráfico en la región. En los últimos años, Rosario y el sur santafesino han sido escenario de múltiples causas que exponen la connivencia entre sectores de las fuerzas de seguridad y redes criminales.
Las penas para el resto de los policías involucrados
La situación procesal de los otros seis integrantes de la PAT que actuaban junto a Toledo fue resuelta mediante acuerdos plenos homologados entre octubre y diciembre de 2025 por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros. En esos fallos se impusieron penas de prisión, inhabilitación y multa para cada uno de ellos, en función del grado de participación atribuido.
- Jesús Balais: siete años de prisión, inhabilitación y multa.
- Fernando Ferreita: seis años de prisión, inhabilitación y multa.
- Iván Schneider: cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación y multa.
- Gerardo Pérez: cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación y multa.
- Sergio Robledo: tres años y seis meses de prisión, inhabilitación y multa.
- Miguel Aguilar: dos años de prisión, inhabilitación y multa.
El 17 de abril pasado, el juez Vera Barros había homologado el acuerdo parcial respecto de Toledo y declaró su responsabilidad penal, luego de que el suboficial reconociera los hechos, su participación y la calificación legal de los delitos. Sin embargo, persistían diferencias entre las partes en cuanto a la extensión de la pena de prisión que debía aplicarse.
Con este veredicto, la Justicia federal envía una señal hacia el interior de las fuerzas de seguridad santafesinas, al remarcar que el uso ilegal de la autoridad, la violencia institucional y el aprovechamiento del cargo para insertarse en tramas delictivas serán perseguidos y sancionados con todo el rigor de la ley.
