El Gobierno y el Fondo establecieron una hoja de ruta de política económica más allá de las metas fiscales y monetarias. Paso por paso, cómo sigue el programa acordado en los últimos días.
En los próximos días comenzará a debatirse a nivel parlamentario el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional luego de meses de negociaciones técnicas. El Poder Ejecutivo apunta a tener el programa aprobado en el Congreso para luego girarlo al directorio del FMI. La luz verde en Washington será la línea de largada de dos carreras simultáneas: las metas fiscales, monetarias y de reservas a las que se comprometió el Poder Ejecutivo y la hoja de ruta de medidas económicas que implementará en consenso con el organismo.
1- Metas cuantitativas: Son los objetivos de variables económicas que deberá cumplir el Poder Ejecutivo para poder acceder a los desembolsos trimestrales. Incluyen un horizonte de recorte del déficit primario, que debería ser de 2,5% del PBI este año, un recorte a la asistencia del BCRA al Tesoro hasta 1% del PBI y acumulación de reservas por USD 5.800 millones.
2- Transacciones financieras: “No está prevista la creación de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras, tampoco aumentar los que ya se aplican (referencia al impuesto al cheque). Nuestro objetivo está centrado en promover una mayor inclusión financiera y ampliar el alcance de los servicios financieros, en particular los medios de pago electrónicos”, afirmó Economía.
Abril
3- Modificación del presupuesto: La Casa Rosada buscará ponerlo en línea con la meta de déficit primario para 2022 acordada en el programa. “Una vez el Acuerdo de Facilidades Extendidas sea aprobado, el presupuesto vigente deberá ser modificado antes del 15 de abril para ajustarse al objetivo de déficit fiscal primario de 2022 acordado en el marco del programa”, asegura el entendimiento técnico. El Congreso no aprobó a fines del año pasado el proyecto oficial de ingresos y gastos, por lo que se prorrogó el de 2021.
4- Subsidios y tarifas: El Gobierno llamará a una audiencia pública para presentar la nueva segmentación de tarifas, a partir de junio. “Para usuarios residenciales, los ajustes estarán guiados por la tasa de crecimiento promedio de los salarios (coeficiente de variación salarial, CVS)”. El programa prevé como meta reducir el gasto en subvenciones a la energía en torno de 0,6% del PBI.
Mayo
5- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El Gobierno enviará al Congreso nueva legislación en esa materia “de acuerdo al estándar internacional, y tomando en cuenta la opinión de expertos, académicos, instituciones de la sociedad civil, y el personal técnico del FMI, para consideración del congreso en el curso de 2022″.
Junio
6- Información pública: El Ejecutivo se comprometió a “elaborar una propuesta de hoja de ruta por parte de la Secretaría del Tesoro, en comunicación con el personal técnico del FMI, para mejorar la presentación de informes financieros y de presupuesto de otras entidades del sector púbico nacional diferentes a la Administración Publica”.
7- Selección de proyectos de inversión: Otro punto prevé “establecer una regulación anual para la fijación de prioridades y criterios de selección de los proyectos de inversión”. En ese sentido, el Gobierno planteó que “los criterios darán prioridad a los proyectos en curso de ejecución y, entre los proyectos más grandes, aquellos con estudios de prefactibilidad y factibilidad. Con esta base, se adoptara una regulación para determinar las prioridades y criterios de selección de los proyectos a ser incluidos en el Presupuesto de 2023″.
8- Política de encajes bancarios: El Banco Central publicará un plan sujeto a plazos para simplificar el sistema de encaje legal y mejorar la transmisión de la política monetaria. “El plan procurará eliminar gradualmente el encaje legal no remunerado para los bancos pequeños, así como muchos otros regímenes especiales, de modo que los encajes legales difieran principalmente en función de la duración de los depósitos”, menciona el documento.
Julio
9- Relación con inversores: El equipo económico publicará una presentación de forma semestral sobre la relación con los inversionistas para impulsar el programa de relación con inversionistas. “Impulsaremos nuestro programa de relación con inversores, dando a conocer presentaciones semestrales y celebrando reuniones periódicas con inversionistas en las que se informará sobre la evolución y las perspectivas macroeconómicas y se proporcionarán detalles sobre la evolución de la deuda pública y el financiamiento público”, reveló el memorando.
Agosto
10- Administración tributaria: La AFIP elaborará, en trabajo conjunto con el FMI, un plan de acción detallado y sujeto a plazos que “se centrará en detectar brechas de cumplimiento y en mejorar la gestión del riesgo de cumplimiento de los principales impuestos internos y derechos aduaneros”. El producto de estas reformas administrativas podría ascender a 1% del PIB a mediano plazo, y podría empezar a rendir fruto el próximo año (0,3% del PIB, descontada la coparticipación).
Septiembre
11- Revalúo inmobiliario: En coordinación con los gobiernos de las provincias, la Casa Rosada completará el proceso de actualización de tasaciones de propiedades a nivel federal para que puedan empezar a entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2022. Tendría impacto en la recaudación de tributos inmobiliarios de las provincias y también sobre Bienes Personales, un gravamen de carácter nacional. “Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”, menciona el documento técnico girado este viernes al Congreso.
12- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo II: Se prevé la publicación de una estrategia nacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo “con recomendaciones para mitigar riesgos, vulnerabilidades y amenazas detectadas en las evaluaciones nacionales de riesgo”.
13- Reducción de subsidios: El recorte iría más allá del programa de segmentación. La Casa Rosada habló en el documento de la “elaboración y publicación de un plan a mediano plazo, con asistencia técnica y financiera de socios internacionales, para reducir más los subsidios a la energía, con metas específicas de tasas de recuperación del costo, y mejorar la eficiencia de la matriz energética, dejando asegurados al mismo tiempo la calidad del servicio y el acceso de los hogares más vulnerables”. Según afirmaron desde el FMI, ese socio internacional podría ser el Banco Mundial.
Diciembre
14- Gasto social: El Gobierno también acudirá a asistencia de organismos externos para realizar una “evaluación integral de los programas y estrategia de apoyo social, con el objetivo de identificar opciones para mejorar las políticas”, mencionó el documento.
15- Sistema jubilatorio: Tal como había trascendido en los últimos días, habrá un estudio que “describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, focalizado en los regímenes especiales de pensiones así como en los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. El Gobierno negó que esto implique una reforma previsional.
16- Cepo cambiario: El Gobierno asegura que se formulará una estrategia basada en las condiciones para “relajar gradualmente las medidas de gestión de flujos de capital”. En ese sentido, según una hoja de ruta prevista en la letra chica del acuerdo, la elaboración y publicación de ese plan para desarmar el cepo cambiario y convertirlo en controles “macroprudenciales” debería estar terminado a fin de este año. “Tenemos previsto trazar una hoja de ruta estratégica para relajar paulatinamente los controles cambiarios describiendo las condiciones necesarias y los objetivos, también en vista a apoyar el restablecimiento gradual del acceso al mercado internacional a partir de 2025″, concluyó el texto.
17- Balance del BCRA: “Elaboración y publicación, en comunicación con el personal técnico del FMI, de una estrategia para afianzar de forma duradera la situación financiera del BCRA, con base en las recomendaciones de la Misión de Salvaguarda del FMI”, asegura el documento, sin mayores detalles. En otro tramo del acuerdo el Gobierno habla de que “para mejorar más el mecanismo de transmisión, el BCRA estudiará opciones para seguir perfeccionando las políticas y los instrumentos de esterilización”.
18- Ley penal cambiaria: Esperan “mejorar el marco de sanciones, incluyendo autorizaciones de multas administrativas, para hacer más eficiente el marco de sanciones y más puntual el cumplimiento”. “La legislación correspondiente será sometida al Congreso a finales de diciembre de 2022. Por otro lado, se considerará expandir las facultades del BCRA para regular y vigilar un conjunto más amplio de transacciones que inciden en la balanza de pagos de Argentina”, afirma el memorando.
19- Gestión de deuda: El acuerdo prevé la preparación, en comunicación con el personal técnico del FMI, de estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo. “Continuaremos reforzando las prácticas de gestión de la deuda a fin de establecer un mercado líquido y profundo de deuda soberana y desarrollar una curva de rendimientos de referencia”. Algunas medidas que evalúa el Gobierno son racionalizar el número de instrumentos; mejorar la predictibilidad de las licitaciones, limitar el uso de precios mínimos en las licitaciones y desarrollar bonos de referencia para apoyar la liquidez.
Junio 2023
20- Gasto Covid: Se publicarán una auditoría externa ex-post sobre gasto relacionado con la COVID-19 durante por lo menos 2020. “Aseguraremos la transparencia del gasto COVID para fortalecer aún más la gobernanza. A tal fin, y de acuerdo con nuestro marco legal vigente, publicaremos información sobre los beneficiarios finales de las empresas a las cuales la administración pública nacional adjudicó contratos relacionados con la COVID”, mencionó.
“Tenemos previsto completar y publicar la auditoría interna ex post del gasto en la COVID-19 durante 2021 para fines de 2022. Por último, de manera consistente con los planes de la Auditoría General de la Nación (AGN), la auditoría externa ex post sobre el gasto en la COVID-19 que tuvo lugar en 2020 será publicada, una vez sea aprobada, como mínimo para fines de junio de 2023″, concluye la hoja de ruta.