La Corte Suprema de EE.UU. reabre un caso emblemático por bienes expropiados en Cuba
NewsITe
La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó una demanda clave vinculada a bienes confiscados por la Revolución Cubana, en un fallo que vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre Washington y La Habana. Por ocho votos contra uno, el máximo tribunal dio la razón a la empresa estadounidense Havana Docks, cuya terminal portuaria en la capital cubana fue expropiada durante el gobierno de Fidel Castro.
La decisión no resuelve el fondo del litigio, pero devuelve el caso al tribunal federal de apelaciones de Atlanta y habilita a Havana Docks a seguir reclamando una millonaria indemnización contra cuatro grandes compañías de cruceros que operaron en Cuba durante el acercamiento bilateral impulsado por la administración de Barack Obama.
La demanda se apoya en el Título III de la ley Helms-Burton, una norma aprobada en los años 90 como respuesta al derribo, en 1996, de aviones civiles de la organización anticastrista Hermanos al Rescate. Ese artículo permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a compañías que se beneficien de propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959.
El rol de las navieras y la reactivación de Helms-Burton
El eje del conflicto son los muelles de La Habana que Havana Docks controlaba antes de la expropiación. Según el juez Clarence Thomas, autor del principal voto, el tribunal de apelaciones se equivocó al desestimar la demanda porque las compañías de cruceros “utilizaron propiedad confiscada sobre la cual Havana Docks es propietaria del derecho de propiedad”.
Las firmas Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises comenzaron a hacer escala en la capital cubana desde 2016, luego de que Obama anunciara en una conferencia conjunta con Raúl Castro la reapertura de rutas de cruceros. Los pasajeros pudieron realizar excursiones por la ciudad, visitar clubes nocturnos y recorrer playas y sitios emblemáticos, en el marco del histórico deshielo bilateral.
Pero ese escenario cambió de manera abrupta en 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump decidió activar por primera vez el Título III de la Helms-Burton y endurecer las restricciones de viaje a Cuba. Las empresas cancelaron de urgencia sus escalas en la isla y reprogramaron sus rutas para cumplir con las nuevas disposiciones de Washington.
Fallos contradictorios y una indemnización millonaria en juego
En una instancia previa, la jueza federal Beth Bloom, con sede en Miami, había considerado responsables a las compañías de cruceros por el uso de la terminal habanera y les adjudicó más de 400 millones de dólares en favor de Havana Docks. Bloom sostuvo que las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro durante el gobierno de Obama para transportar turistas estadounidenses no impedían que las firmas fueran demandadas por aprovechar un bien expropiado.
Sin embargo, el tribunal federal de apelaciones revocó esa sentencia y falló a favor de las navieras, lo que llevó el caso a la Corte Suprema. Con su nueva decisión, el máximo tribunal ordena que el expediente regrese a esa instancia y deja abierto el camino para que se discutan otros argumentos de defensa de las compañías, que aún no fueron resueltos.
Contexto político y nuevas presiones sobre el gobierno cubano
El pronunciamiento de la Corte se conoce en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. Paralelamente, el miércoles, autoridades estadounidenses imputaron formalmente al exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate en 1996, un episodio que marcó a fuego la relación bilateral y dio impulso, justamente, a la sanción de la Helms-Burton.
- Reapertura de una causa emblemática por bienes confiscados en Cuba.
- Posible impacto para compañías que operaron en la isla bajo licencias oficiales.
- Refuerzo de la presión política y judicial de Estados Unidos sobre el régimen cubano.
La Corte Suprema consideró que las navieras “utilizaron propiedad confiscada sobre la cual Havana Docks es propietaria del derecho de propiedad”, lo que reabre la vía judicial para la empresa estadounidense.
El avance de este caso será seguido de cerca por otras compañías y particulares con reclamos similares por expropiaciones en Cuba. De confirmarse la indemnización, podría sentar un precedente de gran peso para futuras demandas y añadir un nuevo foco de tensión en la ya compleja relación entre Estados Unidos y la isla caribeña.
