La Cámara baja aprobó el proyecto que elimina 58 leyes, modifica otras ocho y deroga dos decretos considerados obsoletos. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos y ahora deberá debatirse en el Senado.
La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción a la denominada “Ley Hojarasca”, el proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar normas consideradas “inútiles, anacrónicas o contrarias a las libertades individuales”. La iniciativa recibió 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, y avanzó al Senado para su tratamiento.
La norma contempla la derogación de 58 leyes, la modificación de artículos de otras ocho y la eliminación de dos decretos. El oficialismo consiguió aprobarla en una sesión marcada por la tensión política, luego de alcanzar el quórum de 129 diputados presentes y bloquear un intento opositor de impulsar una sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales.
Qué plantea la “Ley Hojarasca”
El proyecto agrupa las normas a derogar en seis categorías: leyes superadas por marcos regulatorios posteriores, obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo, que afectan libertades individuales, que generan burocracia innecesaria, vinculadas a organismos disueltos y relacionadas con estructuras financiadas por el Estado nacional sin actividad vigente.
Entre las normas alcanzadas aparecen la ley de azotes, la ley de microfilmación, la ley de mochileros y regulaciones sobre laboratorios públicos que, según el oficialismo, no derivaron en la creación de establecimientos ni en asignaciones presupuestarias.
Durante el debate en comisiones, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, sostuvo que la iniciativa apunta a “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la actualización del marco legal.
Cambios incorporados antes de llegar al recinto
El texto aprobado incluyó modificaciones respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
El oficialismo resolvió excluir la Ley 11.380, vinculada a créditos del Banco Nación destinados a cooperativas. También mantuvo vigente la Ley 20.959, que garantiza credenciales de libre circulación para legisladores nacionales, y preservó el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.
El dictamen de mayoría obtuvo 35 firmas de diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal. Unión por la Patria y el interbloque Unidos presentaron dictámenes alternativos.
Cruces entre oficialismo y oposición
El diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas Lynch encabezó la defensa del proyecto en el recinto y afirmó: “Venimos a sacar al argentino de bien de este laberinto regulatorio”. También sostuvo que muchas de las normas incluidas funcionaban como “barreras artificiales para cobrar el peaje de la política”.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano cuestionó el contenido del proyecto y señaló que el oficialismo elimina leyes “ya derogadas, muertas, inaplicadas por décadas”. A su vez, advirtió que el Gobierno “no discute lo importante”.
La diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Myriam Bregman, expresó un rechazo aún más duro: “Hay que ser muy termo para votar una ley como esta”, afirmó, y cuestionó la idea de que la norma resulte “inocua”.
Por su parte, Juan Brügge, de Provincias Unidas, manifestó reparos respecto del tratamiento legislativo. “Quizá nunca tendría que haber llegado aquí. Introduce temáticas que requieren debate; el proyecto no es participativo”, sostuvo.
Un proyecto con demoras legislativas
La iniciativa tuvo un recorrido parlamentario irregular. El Ejecutivo la presentó originalmente en 2024, pero perdió estado parlamentario sin llegar al recinto.
El Gobierno volvió a enviarla al Congreso el 26 de marzo de 2026. Tras obtener dictamen el 21 de abril, la sesión prevista para el día siguiente se postergó por dificultades para reunir quórum. Posteriormente, una nueva convocatoria quedó demorada por la controversia política vinculada al patrimonio de Manuel Adorni.
El temario de la sesión también incluyó el debate por los subsidios al gas en Zonas Frías, tratados internacionales y el reconocimiento a veteranos de la Guerra de Malvinas.
