La imputación está vinculada al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996 sobre el estrecho de Florida, donde murieron cuatro personas.
Estados Unidos imputó al exdictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, en un nuevo episodio de tensión entre Washington y La Habana. El Departamento de Justicia presentó cargos por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida.
El fiscal general interino Todd Blanche realizó el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, emblema de la comunidad cubana en el exilio. Según documentos judiciales, sostuvo: “Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”.
El derribo de las avionetas
El episodio ocurrió el 24 de febrero de 1996. Dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, una organización de pilotos exiliados radicada en Miami que auxiliaba a balseros cubanos en el estrecho de Florida. Cuatro personas murieron en el ataque: los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, además del residente legal Pablo Morales. Un tercer avión, pilotado por José Basulto, logró escapar.
La Organización de Aviación Civil Internacional dictaminó posteriormente que el incidente ocurrió en aguas internacionales, una conclusión que contradijo la posición del gobierno cubano, que argumentó que las aeronaves habían ingresado a su espacio aéreo y calificó a los aviadores como “terroristas”. Fidel Castro afirmó en aquel momento que las fuerzas armadas actuaron bajo “órdenes permanentes” y negó que su hermano hubiera impartido una instrucción específica para disparar.
Los acusados y el contexto político
Raúl Castro, que cumplirá 95 años el próximo mes, ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cuando ocurrió el ataque. La acusación también alcanzó a Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, señalados como presuntos participantes del operativo militar.
Los anuncios se realizaron el 20 de mayo, fecha asociada a la proclamación de la República de Cuba en 1902. En Miami, miembros de la comunidad cubanoamericana participaron de una ceremonia frente a la Torre de la Libertad. Allí, Bobby Ramírez, músico que emigró de Cuba en 1971, declaró: “Todos esperamos durante mucho tiempo, durante muchos años, que esto sucediera”.
El actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en la red X y afirmó que esa fecha representa “intervención, injerencia, despojo, frustración” en la historia del país. Horas antes del anuncio judicial, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que ofreció “una nueva relación” con Washington y prometió ayuda humanitaria por USD 100 millones.
Rubio sostuvo: “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”. El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió y lo calificó como “vocero de intereses corruptos y revanchistas”, aunque no descartó aceptar la asistencia. “Sigue hablando de una ayuda de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado, pero cuyo cinismo es evidente para cualquiera ante el efecto devastador del bloqueo económico”, escribió.
Sin precisiones sobre una eventual captura
La imputación se inscribe dentro de una política de presión más amplia impulsada por la administración de Donald Trump contra Cuba. El Departamento del Tesoro incorporó recientemente a funcionarios y organismos cubanos en listas de sanciones, mientras continúan vigentes restricciones de viaje para Castro y Díaz-Canel.
Las autoridades estadounidenses no precisaron cómo ejecutarían una eventual captura de Raúl Castro ni cuál sería la pena máxima en caso de condena. El exmandatario apareció públicamente en Cuba a principios de mayo y no existen indicios de que haya abandonado la isla o de que el gobierno cubano contemple su extradición.
