El fiscal Gerardo Pollicita validó la documentación presentada por el arquitecto Matías Tabar, quien detalló pagos, compras y trabajos realizados en la vivienda que el jefe de Gabinete posee en el country Indio Cuá.
La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que un contratista presentara documentación que respalda gastos por 245 mil dólares en refacciones realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La información fue incorporada a la causa luego de que el arquitecto Matías Tabar se presentara espontáneamente el viernes pasado en los tribunales de Comodoro Py. Allí entregó comprobantes de compras, pagos de mano de obra y detalles vinculados a los trabajos ejecutados en la propiedad.
Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal Gerardo Pollicita verificó que la documentación coincide con el monto que el contratista había mencionado previamente en su declaración testimonial.
De acuerdo al relato de Tabar, las obras se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron intervenciones en distintos sectores de la vivienda, emplazada sobre un lote de aproximadamente 400 metros cuadrados. Entre los trabajos mencionados aparecen reformas en pisos, cocina y baño, además de tareas en el quincho y reparaciones en la pileta.
El contratista sostuvo además que los pagos se realizaron en efectivo y sin facturación formal. Según detalló ante la fiscalía, una primera entrega de 55 mil dólares se concretó durante 2024, mientras que los 190 mil restantes fueron abonados a lo largo de 2025.
En su presentación también indicó que, mientras avanzaban las remodelaciones, Adorni alquiló otra propiedad dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio incorporado a la causa, habría ascendido a 13 mil dólares.
Tabar entregó además su teléfono celular y aportó información sobre proveedores y trabajadores que participaron en las tareas, entre ellos albañiles, electricistas y plomeros. La fiscalía busca reconstruir el desarrollo de la obra y corroborar la consistencia de los pagos declarados.
La causa judicial apunta a determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario para adquirir y remodelar distintas propiedades, además de establecer si esos movimientos económicos guardan relación con los ingresos declarados oficialmente por el actual jefe de Gabinete.
