México congela fondos de un gobernador y funcionarios ligados al narco
NewsITe
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Miguel Rocha, y de varios funcionarios y exfuncionarios de ese estado, tras una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La medida, comunicada oficialmente por el organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se adopta semanas después de que la justicia estadounidense señalara a una decena de dirigentes y exautoridades sinaloenses por presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción conocida como “Los Chapitos”.
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Según la acusación de Washington, Rocha habría recibido apoyo de esa organización criminal para ganar las elecciones estatales de 2021, a cambio de protección y facilidades para sus actividades ilícitas. El gobernador, al igual que el resto de los señalados, rechaza las imputaciones.
Respuesta del Gobierno mexicano y tensiones con Estados Unidos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “no hay ningún riesgo” de que funcionarios o exfuncionarios se entreguen voluntariamente a la justicia norteamericana, y exigió que Estados Unidos presente pruebas concretas de sus señalamientos. Remarcó, además, que si se acreditan delitos, su gobierno no protegerá a nadie.
Sheinbaum y Rocha integran el partido oficialista Morena, en un contexto de crecientes tensiones entre Ciudad de México y Washington por la cooperación en materia de seguridad, migración y combate a los cárteles del narcotráfico. Mientras Estados Unidos sostiene que México no hace lo suficiente para enfrentar a las organizaciones criminales, el gobierno mexicano insiste en que sí colabora, pero reclama respeto a su soberanía.
Alcance del bloqueo y situación de los acusados
La UIF aclaró que el congelamiento de las cuentas tiene carácter estrictamente preventivo y administrativo. No implica, subrayó, una declaración de culpabilidad ni determina de manera definitiva la responsabilidad de los involucrados.
El organismo recordó que las personas incorporadas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a ejercer su defensa, acceder a la garantía de audiencia y recurrir a las vías administrativas y judiciales que prevea la legislación mexicana para impugnar la medida.
Entre los acusados por la justicia estadounidense, además de Rocha, figuran Enrique Inzunza, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y mandos policiales de la región. Todos han rechazado públicamente las acusaciones.
Investigaciones en curso y detenciones
Poco después de que se conociera la acusación de Estados Unidos, Rocha pidió licencia temporal al cargo de gobernador, con el argumento de facilitar el avance de las investigaciones y aclarar su situación. En tanto, Inzunza aseguró que es inocente y que responderá a cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.
La causa también tiene derivaciones en territorio estadounidense. Mérida Sánchez fue detenido luego de ingresar al país el 11 de mayo por el estado de Arizona. Actualmente se encuentra en Nueva York, donde se prevé que el 1 de junio se realice una nueva audiencia judicial en su contra.
El caso se inscribe en una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra supuestas redes de protección política al narcotráfico en México, mientras ambos gobiernos intentan sostener la cooperación en seguridad en medio de fuertes tensiones diplomáticas.
Por el momento, el proceso judicial avanza en Estados Unidos y las investigaciones administrativas continúan en México, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa los presuntos vínculos entre sectores de la dirigencia política y el crimen organizado en uno de los estados más sensibles del mapa narco del continente.
