Cepa alerta por el impacto fiscal del régimen de grandes inversiones
NewsITe
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) implicaría para el Estado nacional una pérdida de recaudación cercana a los US$ 1.069 millones por año en un escenario base. El trabajo analiza los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios previstos en la normativa y advierte que el costo fiscal podría trepar a un rango de entre US$ 786 y US$ 1.395 millones anuales, según el volumen de exportaciones que alcancen los proyectos aprobados.
De acuerdo con el documento, una vez que las iniciativas ingresen en etapa operativa, el principal factor de resignación de ingresos estará dado por el Impuesto a las Ganancias. Mientras el esquema general para sociedades fija una alícuota del 35%, el RIGI la reduce al 25% y, en la versión denominada “SuperRIGI”, incluso al 15%, lo que se traduciría en una renuncia recaudatoria estimada en unos US$ 545 millones anuales.
Los ejes del costo fiscal y los beneficios para las empresas
El análisis detalla que, además del alivio en Ganancias, el régimen contempla otros beneficios que completan el cuadro fiscal. Entre ellos se encuentran los derechos de exportación resignados, calculados por CEPA en alrededor de US$ 107 millones por año, con un impacto particular en proyectos de minería de litio y plata. Se suman exenciones de aranceles a la importación de bienes de capital e insumos vinculados a los proyectos, lo que reduce sensiblemente la carga tributaria a la hora de poner en marcha las inversiones.
El organismo también pone el foco en la fase de construcción: para el período 2025-2028 proyecta un costo de aproximadamente US$ 430 millones anuales, asociado fundamentalmente a la devolución de IVA y a exenciones aduaneras para la importación de equipamiento. Para los autores del informe, este entramado de beneficios configura un esquema de incentivos muy agresivo que limita la capacidad del Estado para captar parte de la renta generada por los emprendimientos de gran escala.
Desde el Poder Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que el RIGI no compromete las metas fiscales. En informes remitidos al Congreso, el Gobierno sostiene que el Presupuesto vigente no incorpora ingresos vinculados a las actividades económicas que nacerán al amparo del nuevo régimen y, en consecuencia, argumenta que “no hay afectación alguna al equilibrio fiscal”. El debate se centra, así, en el tipo de desarrollo productivo que se impulsa y en cómo se distribuyen los beneficios entre el sector público y el privado.
YPF, protagonista clave de los proyectos aprobados
Según el relevamiento de CEPA, hasta el momento se aprobaron 12 proyectos de inversión bajo el paraguas del RIGI, por un monto total comprometido de US$ 26.680 millones. Las iniciativas se concentran en sectores considerados estratégicos para la economía argentina: hidrocarburos, minería (litio, cobre, oro y plata), energías renovables, siderurgia e infraestructura asociada a la exportación de recursos naturales.
En ese universo, YPF aparece como actor dominante. La petrolera con control estatal participa de manera directa o protagónica en emprendimientos que reúnen el 68,5% de la inversión total aprobada, equivalente a US$ 18.267 millones. Entre los proyectos más relevantes se encuentra el oleoducto Vaca Muerta Sur, clave para ampliar la capacidad de evacuación de crudo no convencional hacia puertos de exportación, y la planta de licuefacción de gas natural (GNL) impulsada junto a la firma Southern Energy, pensada para colocar gas argentino en el mercado internacional.
¿Inversiones realmente nuevas o beneficios a proyectos en marcha?
El informe también pone en cuestión uno de los argumentos centrales del oficialismo: la capacidad del RIGI para atraer capitales “nuevos” al país. De acuerdo con CEPA, al menos 7 de los 12 proyectos que obtuvieron la aprobación oficial ya habían sido anunciados con anterioridad o mostraban avances concretos antes de que el Congreso sancionara la Ley Bases que dio origen al régimen.
- El parque solar El Quemado, orientado a la generación de energía renovable.
- El proyecto de litio Rincón de Litio, de la multinacional Río Tinto.
- El yacimiento cuprífero Los Azules, considerado uno de los mayores recursos de cobre del país.
Todos estos casos, señala el estudio, se encontraban ya en carpeta o en etapa de evaluación técnica y financiera mucho antes de la puesta en marcha del RIGI. Por eso, los autores plantean que el régimen “no estaría generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos”.
Para CEPA, el desafío de la política económica no es sólo atraer dólares de inversión, sino asegurar que el Estado pueda capturar una porción adecuada de la renta y que los beneficios en términos de empleo, encadenamientos productivos y desarrollo regional justifiquen la magnitud de los incentivos concedidos.
Mientras el Congreso y los especialistas discuten el alcance del esquema, el RIGI comienza a delinear el mapa de grandes proyectos que marcarán el perfil exportador de la Argentina en los próximos años, en medio de un fuerte debate sobre su verdadero costo fiscal y su aporte al desarrollo de largo plazo.
