ATE va a la Justicia para frenar el recorte de servicios en el INTI
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para frenar la Resolución 42/26, que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica que el organismo brinda a distintos sectores productivos del país.
La acción judicial fue presentada en Buenos Aires y apunta a que la Justicia declare la nulidad de la normativa impulsada por la conducción del organismo. Desde el gremio sostienen que la medida vulnera derechos laborales, pero sobre todo impacta de manera directa en el entramado productivo, especialmente en pequeñas y medianas empresas que dependen del acompañamiento técnico del INTI.
El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza al Gobierno Nacional y a las autoridades del instituto, a quienes acusó de actuar “al margen de la ley” y de profundizar “un intento de desmantelar” el INTI. “No podemos permitir que existan autoridades que pretendan estar por encima del Congreso”, advirtió el dirigente sindical al fundamentar la presentación.
Aguiar remarcó que las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del INTI “no pueden modificar funciones ni eliminar programas que hayan sido creados por una ley”. En esa línea, evaluó que se trata de “una resolución ilegal que tiene que ser suspendida de inmediato”, al considerar que no solo afecta a los trabajadores del organismo, sino también a la sociedad en su conjunto, que se beneficia de los servicios tecnológicos y de control de calidad.
Denuncia de vaciamiento institucional y riesgo para pymes
En el escrito presentado ante la Justicia, ATE afirma que la Resolución 42/26 forma parte de un “vaciamiento institucional” y de un proceso de desmantelamiento del INTI que –según recuerdan– ya había sido frenado en instancias judiciales anteriores. El gremio insiste en que la reducción masiva de servicios no es una mera reestructuración administrativa, sino un recorte que erosiona la razón de ser del organismo.
El INTI cumple un rol clave en el desarrollo tecnológico nacional, a través de ensayos, certificaciones, asistencia técnica, innovación y transferencia de conocimientos a empresas de todo el país. Muchos de esos servicios están orientados a pequeñas y medianas empresas que no cuentan con capacidad propia para desarrollar esas tareas y encuentran en el instituto un aliado estratégico para mejorar productividad, calidad y competitividad.
- Más de 900 servicios técnicos y ensayos quedarían suspendidos o eliminados.
- ATE denuncia que la medida contradice leyes vigentes y decisiones judiciales previas.
- El recorte afectaría especialmente a pymes industriales y de base tecnológica.
- El gremio reclama la inmediata suspensión de la resolución y la preservación de todos los puestos de trabajo.
Mientras se espera la respuesta de la Justicia, el conflicto suma tensión en el sector científico-tecnológico estatal, que ya viene advirtiendo por el impacto de los recortes presupuestarios y las políticas de ajuste. Desde ATE anticiparon que acompañarán la vía judicial con medidas gremiales y campañas públicas en defensa del INTI y de su papel estratégico para el desarrollo industrial argentino.
