La posibilidad de que Washington procese al exmandatario cubano por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate volvió a tensar la relación bilateral. En La Habana, vecinos consultados manifestaron preocupación por una escalada del conflicto mientras la isla atraviesa una profunda crisis energética y económica.
La posibilidad de que Estados Unidos avance con una acusación formal contra el exlíder cubano Raúl Castro volvió a elevar la tensión política entre ambos países y generó preocupación en la isla, que atraviesa una de las crisis económicas y energéticas más graves de las últimas décadas.
Según informó la agencia de noticias Reuters, el eventual procesamiento del histórico dirigente de 94 años estaría vinculado al derribo de dos aviones del grupo humanitario Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. La decisión marcaría una nueva escalada en la política de presión impulsada por la administración de Donald Trump contra el gobierno comunista cubano.
Aunque Cuba no respondió oficialmente a la amenaza judicial, el canciller Bruno Rodríguez envió un mensaje de confrontación durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del bloque BRICS.
“A pesar del embargo (estadounidense), las sanciones y las amenazas del uso de la fuerza, Cuba continúa por el camino de la soberanía hacia su desarrollo socialista”, afirmó Rodríguez.
En paralelo, habitantes de La Habana manifestaron temor por el impacto que podría generar una profundización del conflicto diplomático. Reuters entrevistó a ciudadanos cubanos que coincidieron en que una acusación contra Raúl Castro agravaría aún más las tensiones con Washington y complicaría cualquier posibilidad de negociación futura.
Sonia Torres, una docente de 59 años residente en La Habana, sostuvo que la iniciativa representa una agresión contra la identidad política de la isla.
“Los cubanos siempre debemos seguir adelante”, expresó. “Si intentan procesar a Raúl, defenderemos a Cuba con palos y piedras si es necesario”.
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos permanecen atravesadas por décadas de enfrentamientos políticos desde la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959. A partir de entonces, el gobierno cubano se alineó con la Unión Soviética y avanzó sobre propiedades y empresas estadounidenses, lo que profundizó el conflicto bilateral.
La acusación podría cerrar cualquier negociación diplomática
Durante los últimos meses, la administración Trump endureció las sanciones contra Cuba. Entre las medidas impulsadas desde enero aparecen restricciones energéticas, amenazas militares y nuevas sanciones económicas que afectaron a empresas extranjeras con operaciones en la isla.
De acuerdo con Reuters, varias compañías comenzaron a retirarse del país por el incremento de las presiones estadounidenses. Entre ellas figura la minera canadiense Sherritt International.
Para Peter Kornbluh, historiador y autor especializado en las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, una acusación formal contra Raúl Castro implicaría el final de cualquier instancia diplomática entre ambos gobiernos.
“Esto fue un ultimátum: es cuestión de vida o muerte”, afirmó Kornbluh. “(La acusación) ha creado una apariencia de legalidad para cualquier operación militar destinada a capturar o asesinar a Raúl Castro”.
Estados Unidos ya utilizó anteriormente causas judiciales contra dirigentes extranjeros para justificar operaciones militares. En ese contexto, Trump había advertido meses atrás que Cuba “será la siguiente” luego de que su administración capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro para trasladarlo a Nueva York y someterlo a un proceso penal.
Aunque Raúl Castro ya no ocupa cargos formales dentro del gobierno cubano, continúa siendo considerado el principal símbolo vivo de la revolución y una de las figuras más influyentes dentro de la estructura política de la isla.
El caso del derribo de los aviones volvió al centro del conflicto
La posible acusación contra Castro se relaciona con el derribo de dos aeronaves pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996.
En aquel momento, el gobierno cubano justificó la acción militar como una defensa legítima de su espacio aéreo. Sin embargo, posteriormente la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el ataque se produjo sobre aguas internacionales, respaldando la posición estadounidense.
Fidel Castro sostuvo entonces que las fuerzas armadas cubanas actuaron bajo “órdenes permanentes” para derribar aviones que ingresaran al espacio aéreo del país, aunque aclaró que Raúl Castro —por entonces ministro de Defensa— no emitió una orden específica para ejecutar el ataque.
Eliécer Díaz, un vecino de La Habana de 45 años, defendió la postura histórica del gobierno cubano frente a Estados Unidos y rechazó la posibilidad de un procesamiento judicial contra el exmandatario.
“Eso es una invasión… y hay que defenderse”, afirmó. “Si ahora están pensando en procesar a (Raúl Castro), creo que eso está mal”.
