La causa por la casa quinta vinculada a la AFA vuelve a Comodoro Py
NewsITe
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, dejar sin efecto el pase a la Justicia Federal de Campana de la investigación por la lujosa casa quinta de Pilar atribuida a supuestos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con esta decisión, el expediente volverá a tramitar en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La propiedad, valuada en alrededor de 17 millones de dólares en el mercado, había quedado en la mira por una presunta maniobra de lavado y ocultamiento de bienes. Según la denuncia, la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría adquirido la residencia por 1,8 millones de dólares como pantalla para ocultar el verdadero patrimonio de altos dirigentes del fútbol argentino.
El giro del caso se produjo tras un planteo de la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que en enero había enviado el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Si bien ese juzgado continuará momentáneamente con algunas diligencias, la palabra final sobre la competencia quedará ahora en manos de la Cámara en lo Penal Económico.
Bienes bajo la lupa y principales acusados
La investigación no se limita a la mansión de Pilar. En el expediente también se analizan otros bienes de alto valor que podrían estar vinculados a la misma estructura patrimonial: una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas, entre otros activos de lujo. El objetivo central es determinar si esos bienes pertenecen, en los hechos, a dirigentes de la AFA.
- El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, figura entre los principales investigados.
- El tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, también está alcanzado por la pesquisa.
- La propia AFA aparece como imputada por supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social e impuestos.
Los jueces de la Cámara en lo Penal Económico deberán resolver si confirman o no los procesamientos dispuestos en primera instancia. El tribunal está integrado por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes serán los encargados de revisar las imputaciones y el encuadre penal de los hechos.
Fundamentos del cambio de competencia
El fiscal ante Casación, Mario Villar, sostuvo que la causa debía seguir en el fuero penal económico porteño, dado que el último juzgado interviniente había sido el Penal Económico N.º 10, por entonces subrogado por el juez Marcelo Aguinsky. Sobre esa base, los camaristas de la Sala I entendieron que la materia del expediente se vincula de manera directa con delitos económicos y tributarios, lo que justifica su tramitación en CABA.
Dentro de la Sala I no hubo unanimidad. El juez Mariano Borinsky consideró que el recurso de la fiscalía era inadmisible porque no se trataba de una sentencia definitiva ni se advertía una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación. A su criterio, no se había demostrado una afectación sustancial a la garantía del juez natural y la discusión sobre la competencia podía generar nuevas demoras.
En el fallo se cuestiona el “excesivo rigor formal” y se advierte que la controversia en torno a la competencia no debe convertirse en una “solución dilatoria” que atente contra la economía y la celeridad procesal.
Pese a las diferencias internas, la mayoría de la Sala I avaló el planteo del fiscal Villar y determinó que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resuelva, de manera colegiada y con mayor celeridad, los pasos a seguir en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio de la dirigencia del fútbol argentino y el manejo de fondos en la AFA.
