El Ministerio de Economía publicó este viernes los pliegos para avanzar con la privatización de Aysa, la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento en el AMBA. El proceso contempla la venta de la mayoría accionaria y una concesión por 30 años.
El Gobierno nacional convocó a una licitación pública nacional e internacional para avanzar en la privatización de Aysa, la empresa proveedora de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida quedó oficializada este viernes mediante la resolución 704 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, Aysa se convertirá en la primera empresa de servicios públicos que pasará a manos privadas durante la gestión del presidente Javier Milei. Días atrás, el Ejecutivo ya había aprobado los contratos de concesión por 30 años y la transferencia de acciones de la compañía. Además, el esquema contempla la posibilidad de extender la concesión por hasta 10 años más.
La concesión abarcará el 51% de las acciones que actualmente posee el Estado nacional en la empresa. Durante el período establecido, la firma mantendrá la explotación exclusiva del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Entre los distritos alcanzados figuran La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón, entre otros municipios del AMBA donde Aysa presta servicios de agua y saneamiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado este jueves el nuevo paso hacia la privatización de la compañía. Según expresó, la incorporación de “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa” permitirá impulsar inversiones, ampliar la red y mejorar la calidad del servicio.
“Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, afirmó el funcionario.
Cómo será el proceso de privatización
La operación prevé que el 90% del paquete accionario quede bajo control privado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa.
El traspaso se realizará en dos etapas. En una primera instancia, el Gobierno seleccionará un operador estratégico que asumirá el control operativo de la compañía mediante un contrato de concesión por 30 años y recibirá el 51% de las acciones.
Posteriormente, se llevará adelante una oferta pública inicial para colocar un 39% de las acciones en la Bolsa. El porcentaje restante quedará reservado para los empleados.
Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Ese mismo día, a las 10, se realizará la apertura de sobres. Además, los interesados tendrán tiempo hasta el 12 de agosto para efectuar consultas sobre las bases y condiciones del proceso.
El procedimiento de venta quedó a cargo del Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
